Con la presencia del gobernador Juan Manuel De la Sota, la Legislatura cordobesa aprobó anoche un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, que tensará aun más la relación con la Casa Rosada. La iniciativa plantea acabar con el Pacto Fiscal a través del cual la Nación viene reteniendo el 15% de los fondos coparticipables de las provincias desde hace 20 años

En 1992, a raíz del vaciamiento de las cuentas previsionales del Estado debido a la creación de las AFJP, las provincias habían acordado ceder un 15% de la coparticipación. En 2008, con la reestatización de los fondos jubilatorios, el panorama no cambió para las provincias: Nación siguió quedándose con esos fondos.

La norma, enviada desde el Ejecutivo la semana pasada, contó con el apoyo crítico del radicalismo y el juecismo, las dos principales fuerzas opositoras en Córdoba. En tanto, los legisladores alineados en la agrupación kirchnerista Kolina no se presentaron en el recinto, en una clara señal de no mostrar apoyo a una iniciativa que seguramente generará disputas con la presidencia. El Frente de Izquierda de los Trabajadores, por su parte, votó en contra de la normativa.

Esta nueva ley se enmarca en una confrontación ha ido incrementándose en los últimas semanas. Unos diez días atrás, De la Sota había realizado una demanda judicial ante la Corte Suprema, en la que planteó la deuda de $1040 millones que Nación tiene con su provincia. Esta suma corresponde a los fondos de Anses que, a pesar del convenio firmado en 2009 por Cristina Fernández y el entonces gobernador Schiaretti, Nación no entregó al Estado cordobés.

La recuperación del 15% significaría una caja de $2.300 millones para el Estado cordobés, que actualmente afronta un déficit anual de $1200 millones en su Caja de Jubilaciones.