Tras negociaciones entre el Gobierno nacional y las autoridades judiciales, se autorizó un incremento significativo de las partidas destinadas al funcionamiento del Poder Judicial durante el año en curso.
Luego de un proceso de diálogo entre el Poder Ejecutivo y las máximas autoridades judiciales, el Gobierno nacional resolvió avanzar con una ampliación presupuestaria que implica un aumento del 280 % en los recursos asignados al Poder Judicial. La medida quedó formalizada a través de una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El entendimiento alcanzado se instrumentó conforme al monto oportunamente calculado por el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano que había definido la necesidad de reforzar los fondos para garantizar el normal funcionamiento de los tribunales federales y nacionales en todo el país.
Desde el Consejo de la Magistratura destacaron el resultado favorable de las gestiones realizadas para obtener mayores recursos, destinados a cubrir gastos vinculados a infraestructura, tecnología y otros requerimientos operativos del sistema judicial. En ese marco, el pasado 27 de agosto el Plenario aprobó, con 15 votos afirmativos, el presupuesto proyectado para el Poder Judicial de la Nación correspondiente al año 2026, que asciende a $2.007.943.778.229.
La asignación de fondos fue autorizada por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, mediante la Decisión Administrativa 1/2026, publicada en el Boletín Oficial el 20 de enero. A través de esa norma, se otorgaron $28.973.850.716 en concepto de crédito presupuestario dentro del inciso 4, correspondiente a bienes de uso, del presupuesto del Consejo de la Magistratura.
Ese refuerzo representa una suba del 280% en ese rubro en comparación con lo establecido originalmente por la ley de presupuesto N° 27.798. Según se indicó oficialmente, el monto responde de manera directa a la estimación realizada previamente por el Plenario del Consejo.
Al igual que en ejercicios anteriores, los recursos serán ejecutados siguiendo las pautas definidas por la Presidencia del Consejo de la Magistratura y sus consejeros, bajo criterios de criticidad, austeridad y una distribución con alcance federal, priorizando las áreas consideradas más sensibles del sistema judicial.
