En una muestra de desesperación por acumular reservas y mostrar supuestos avances ante el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno nacional volvió a endeudarse con los mercados financieros. Esta vez lo hizo a través del BONTE 2030, un bono en pesos que se suscribe con dólares y que fue dirigido exclusivamente a inversores extranjeros. A cambio, ofreció una tasa de interés del 29,5% anual, considerada por los propios analistas como “carísima” e injustificable en función de las proyecciones de inflación y del contexto macroeconómico.

Luis Caputo, ministro de Economía y figura central del gabinete económico, validó una tasa que, según el consenso de las consultoras privadas, se ubicó por encima del rango estimado. Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, aseguró que la tasa está “bastante más de 10 puntos por encima” de lo razonable, y que incluso supera ampliamente las expectativas más optimistas del mercado, que la proyectaban entre el 22% y el 28%. Alan Versalli, de Cocos Capital, fue aún más tajante: “Luce caro”.

El Gobierno colocó el bono por el equivalente a 1.000 millones de dólares y celebró la operación como un hito de recuperación del acceso a los mercados, pese a que se trata de deuda emitida bajo ley local y en moneda local. La única diferencia con otras colocaciones es que los fondos ingresan los dólares y se les devuelven pesos a vencimiento. En paralelo, se habilitó una cláusula de rescate anticipado (“put”) que los inversores podrán ejecutar en 2027, justo antes del próximo turno electoral.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas, intentó vestir la operación con eufemismos técnicos y declaraciones de autosatisfacción. Afirmó que el resultado permitió “refinanciar deuda en moneda local con fondos del exterior” y que no genera nueva deuda neta. Pero la realidad es que el Tesoro convalidó una tasa real altísima, con una proyección inflacionaria del 31,8% para 2025, del 18% para 2026 y del 10% a partir de 2027, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica el propio Banco Central.

La operación, además, tiene un impacto monetario directo: como el Tesoro recibirá dólares y emitirá pesos para el pago, se espera una expansión de la base monetaria de al menos 1,14 billones de pesos. Es decir, la emisión para cubrir el pago del bono en el futuro también recaerá sobre el propio Estado, alimentando presiones inflacionarias que el Gobierno dice querer combatir.

Portfolio Personal Inversiones advirtió que este tipo de maniobras no son neutras. La colocación solo sumará reservas si se concreta, además, el REPO de USD 2.000 millones anunciado por el equipo económico. Sin ese refuerzo, la operación apenas cubre parte de las metas acordadas con el FMI, que exige un aumento neto de reservas por USD 5.000 millones. Por ahora, faltan al menos 4.000 millones.

Lejos de representar una señal de fortaleza, el endeudamiento que celebró Caputo expone la vulnerabilidad de un Gobierno que necesita desesperadamente dólares para maquillar los números del Banco Central. Lo hace pagando tasas excesivas, bajo ley local y sin comprometerse a reglas de transparencia internacional. Una receta riesgosa que recuerda, más que a una solución estructural, a los mismos errores que terminaron mal en el pasado.