La presentó Esmeralda Mitre ante la Justicia para probar la ilegalidad de la venta de las acciones que su padre Bartolomé tenía en el multimedios. El dinero de la supuesta venta no aparece.
«La prueba pericial aportada en este acto importa dotar de indisputable verosimilitud a los delitos denunciados y no investigados pues queda claro que los denunciados engañaron al Poder Judicial induciendo a los Magistrados a sobreseer mediante el empleo de instrumentos falsificados», sostuvieron los abogados de la heredera. Por esa razón pidieron, además, la «suspensión del trámite del recurso a las resultas del planteo efectuado en las instancias precedentes”. Es decir que los jueces frenen todo hasta corroborar si la supuesta venta de Bartolomé Mitre en vida fue o no fraudulenta.
Hasta ahora, los denunciados fueron sobreseídos porque los jueces consideraron que “no se advierte que la conducta endilgada constituya una acción típica. Por el contrario, se cuenta con la documentación que acredita la transferencia de las acciones que Bartolomé Mitre poseía en KMB S.A».
Esa documentación y, específicamente, las firmas atribuidas a Bartolomé Mitre, es lo que ahora aparece severamente cuestionado por el peritaje grafológico.
Bartolomé Mitre había constituido juntamente con su hermana, María Elena del Rosario Mitre, la sociedad anónima denominada KMB S.A. Tras su muerte, el estudio Gagliardo informó a los herederos que el fallecido “habría vendido su total participación accionaria en KMB”.
El suizo-monegasco Spínola aparece como titular de KMB S.A., la empresa que le habría comprado a Bartolomé Mitre a través de dos fideicomisos que, efectivamente, había constituido el padre de Esmeralda: BLM New York Trust I y II. BLM son las iniciales de Bartolomé Luis Mitre.
Spínola afirma que es dueño del 21 por ciento de la titularidad de S.A. La Nación y ejerce esa representación: percibió dividendos, designó directores y funcionarios rentados, pero según afirma Esmeralda Mitre “jamás acreditó haber realizado pagos que justifiquen el carácter invocado. No existen constancias instrumentales de la existencia de la compra del paquete accionario, ni transferencias bancarias, ni tampoco se verifica mediante documentación alguna que le hayan vendido siquiera una mínima cuota social. (…) Jamás visitó las instalaciones del Grupo ni compareció a ninguna de las asambleas de accionistas”.
La Inspección General de Justicia (IGJ), durante el gobierno de Alberto Fernández, determinó que, ante esas irregularidades y falta de documentación respaldatoria, Esmeralda Mitre debe ser reconocida como accionista por derecho hereditario de un porcentaje de la sociedad que controla el multimedios La Nación. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei al gobierno, de aquella IGJ no quedan ni las cenizas.«
