Luego de que la Ciudad de Buenos Aires dispusiera la venta de varios inmuebles, el titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Federal 10, Walter Lara Correa, hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para frenar la venta de ocho predios, distribuidos en los barrios de Belgrano, Colegiales, Villa Urquiza y La Boca, que habían sido transferidos al distrito capitalino durante la presidencia de Mauricio Macri.

El fallo judicial le ordena al Gobierno de la Ciudad que no altere “la situación de hecho o de derecho de los inmuebles”. Puntualmente, los terrenos fueron parte de un convenio firmado entre el Estado nacional y el porteño el 13 de noviembre de 2019, poco antes de un mes que Macri dejara la Presidencia de la Nación.

Dicho acuerdo establecía que los predios pasaban a la órbita porteña para saldar la deuda generada para las obras de construcción de los viaductos de los trenes de las líneas Mitre y San Martín. Sin embargo, en su presentación judicial, la AABE señaló que los predios “fueron otorgados en dación en pago al GCBA en el marco del Convenio Específico entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado en fecha 13 de noviembre de 2019”.

“Por Decreto 355/18 el Poder Ejecutivo nacional autorizó a la AABE, a disponer y enajenar los mencionados inmuebles, con el fin de afectar los fondos obtenidos al pago de obras de infraestructura ferroviaria, entre ellas, las de los viaductos de las líneas ferroviarias Mitre y San Martín que se realicen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, argumentó.

Cabe recordar que los predios en cuestión forman parte de un listado más amplio de terrenos que Macri transfirió a la Ciudad durante su mandato a través de diversos convenios, sobre los cuales el presidente Alberto Fernández, tras asumir en su cargo, pidió una auditoría a la AABE para conocer en detalle los procesos que habilitaron esos traspasos.

En el fallo actual, Lara Correa consideró que “las circunstancias que motivaron el inicio de los presentes actuados deben ser confrontadas con la irreversibilidad del daño que se pueda causar en caso de no otorgarse la medida y con los daños que puedan sufrir los intereses generales”.