Los equipos técnicos de Gabriel Katopodis presentaron su informe trimestral, con datos poco alentadores: 626.000 trabajadores desprotegidos más en dos años, un empleo cada dos sin ningún tipo de protección y una tasa de desempleo que se duplica si se mide «en negro».
En una tarde agradable de la Ciudad de Buenos Aires, que dejó ver el sol por primera vez en varios días, los equipos técnicos que conduce Gabriel Katopodis expusieron ante los medios el nuevo dossier trimestral del Instituto Argentina Grande, el octavo desde que comenzaron a publicarlo, con un diagnóstico que resume buena parte del debate económico de estos meses: el trabajo se precariza más rápido de lo que el propio Gobierno puede explicarlo con sus indicadores oficiales.
La presentación estuvo a cargo de Candelaria Rueda y Violeta Carrera Pereyra, con datos del primer trimestre de 2026 elaborados a partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
De la presentación participó un amplio abanico de medios de comunicación, además de especialistas en temas económicos y laborales e influencers que siguen de cerca la coyuntura, lo que anticipó la repercusión que tuvo el informe apenas se conocieron los primeros datos.

El punto de partida del informe es un problema conceptual: hace veinte años, hablar de empleo formal e informal alcanzaba para describir el mercado laboral argentino. Hoy no. El crecimiento del cuentapropismo, del trabajador autónomo con poca o nula facturación, mezcló en una misma categoría a una psicóloga con consultorio propio y a alguien que junta cartones en la calle, dos realidades que evidentemente no tienen nada en común, salvo que ninguna de las dos es asalariada registrada.
Para trabajar en esa distorsión, el Instituto Argentina Grande construyó un indicador propio, el de «Trabajo Desprotegido», que no mira solamente si alguien está en blanco, sino un conjunto de variables —antigüedad, estabilidad, rubro, tamaño del empleador— con un criterio generoso: ante la duda, clasifica a alguien como protegido. La idea es blindar el número contra la objeción clásica de «está en negro, pero cobra bien». Aun con ese criterio favorable, el resultado es contundente: casi la mitad de los ocupados en Argentina, el 45%, no tiene ningún tipo de protección laboral.
«El plan está mal hecho»
Consultado en exclusiva por La Noticia Web sobre el balance que deja la foto socioeconómica que arroja el informe, Gabriel Katopodis fue contundente: «Todo se va empeorando, tomes el indicador que tomes, sea el del endeudamiento, el del desempleo, el del trabajo informal, el de la caída del salario, el de la cantidad de gente que pasó del sector privado en cobertura de salud al sistema público gratuito», señaló.
Para el titular del Instituto Argentina Grande, el conjunto de los números presentados —informalidad laboral, desempleo blue, el impacto sobre jóvenes y jubilados— pinta un cuadro de situación evidente: «Todos los indicadores dan mal, todos los indicadores hablan de un deterioro de la actividad económica, de un malestar social y de una desconexión del gobierno con lo que está pasando en la calle«. Y cerró con una definición política que apunta directo a la gestión libertaria: «El plan está mal hecho, el plan no está dando los resultados, las soluciones de Milei no están dando las respuestas que los argentinos están requiriendo y reclamando, eso hoy ya es absolutamente imposible de disimular o de esconder».

La comparación que más duele: qué cambió en dos años y medio
El informe compara el primer trimestre de 2026 con el mismo período de 2024, el arranque de la gestión de Javier Milei, y ahí aparece el corazón del estudio. En ese lapso se sumaron 626.000 trabajadores desprotegidos, se perdieron 56.000 puestos protegidos y el Estado destruyó 212.000 empleos públicos, de los cuales más de seis de cada diez —132.000— eran ocupados por mujeres. En paralelo, 300.000 personas se sumaron al mercado por cuenta propia, mayormente como ingreso complementario de un hogar que ya perdió a su sostén principal: el jubilado que vuelve a hacer changas, el hijo que sale a hacer PedidosYa o Uber porque el padre se quedó sin trabajo registrado.

El equipo técnico remarcó además un dato que toma de la base de la Seguridad Social (SIPA): es la primera vez que se registran doce meses consecutivos de caída del empleo registrado, una racha que no tiene antecedentes en la serie.
Mujeres, jóvenes y jubilados: los tres frentes más golpeados
El informe dedica un bloque a la brecha de género, que llegó al 10% en el salario por hora trabajada, uno de los niveles más altos de la serie histórica. Se realiza énfasis en el estudio respecto de que los sectores más feminizados, como salud y educación, son también los más golpeados por el ajuste del gasto público. Un dato que el propio equipo destacó como alentador dentro del panorama es que entre quienes tienen título universitario completo, la brecha de género en desprotección laboral prácticamente desaparece. Entre quienes no terminaron el secundario, en cambio, la diferencia llega a 10 puntos en contra de las mujeres.
Los jóvenes de entre 18 y 26 años son el grupo con peor desempeño relativo: no es que haya más gente buscando trabajo, es que se destruyen puestos de calidad que ya existían. El comercio perdió el 43% de sus empleos protegidos para ese grupo etario, y la construcción, el 30%. Un desplome total, que podría tener importantes implicancias políticas, si recordamos la importante base de apoyo que fueron los menores de 35 años en el triunfo electoral libertario de 2023. Entre los jubilados el fenómeno es distinto: no pierden trabajo, sino que vuelven a la actividad —muchos ya jubilados, inactivos— para completar ingresos con changas informales. Por ejemplo, el caso de una familia que ante la baja del ingreso familiar o la pérdida de un trabajo registrado, el jubilado toma horas en alguna changa de albañilería para aportar unos pesos extra al hogar.
El desempleo «blue»: lo que la tasa oficial no logra mostrar
Uno de los aportes más interesantes del trabajo es un indicador que el equipo bautizó «desempleo blue»: suma a quienes buscan trabajo activamente y mientras tanto sobreviven con changas de pocas horas semanales, sin protección alguna. Con el dato del Indec en 7,8%, este indicador ampliado prácticamente duplica la tasa oficial de desempleo. Y hay un dato de contexto político que el equipo subrayó: desde el cambio de gobierno a comienzos de 2024, por primera vez el grupo de «desempleo ampliado» superó en tamaño al desempleo oficial, un cruce que, sostienen, muestra que la medición tradicional cada vez explica menos lo que pasa puertas adentro del mercado laboral real.

El resto de la foto socioeconómica: salud, deudas y obra pública
El informe sumó, a modo de fotos complementarias, otros indicadores que el Instituto viene siguiendo: creció la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud porque no pueden sostener una obra social o prepaga; se duplicó en un año la cantidad de personas en mora, sin poder pagar sus deudas; y la caída de la inversión pública en infraestructura explica buena parte del derrumbe en el empleo de la construcción, un sector que —a diferencia de la minería, que crece en facturación pero genera poco empleo— es tradicionalmente intensivo en mano de obra.
