En marzo de 2016, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en todo el territorio bonaerense. En su momento, dicha ley tuvo sus bases en la necesidad de dotar de gobernabilidad a la recientemente iniciada gestión de María Eugenia Vidal y permitir la mayor celeridad posible para avanzar con las obras de infraestructura en la Provincia.

Claro está, las obras se volvieron uno de los caballitos de batalla de Cambiemos a la hora de hablar de gestión y disputar el poder contra la oposición. Por caso, desde el peronismo remarcaron en varias oportunidades que la extensión de la emergencia que ocurrió en 2017 y 2018 (votada en la Legislatura) tenía como objetivo sobrepasar a los organismos de control y adjudicar obras a proveedores de estrecha relación con el oficialismo.

Con dicho panorama, y varios cruces en el tintero, este miércoles la gobernadora María Eugenia Vidal repitió su estrategia y esquivó el debate en la Legislatura para decretar la prorroga de las emergencias.

Al igual que lo ocurrido en 2017, Vidal lanzó un decreto por el cual extiende por el lapso de un año la emergencia en infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos. De esa manera, evitó la discusión en el Senado y la Cámara de Diputados.

Conforme a lo señalado en el decreto que lleva la firma de Vidal, “la situación crítica que se encontraba atravesando la Provincia” en marzo de 2016 “persiste a la fecha” y “deviene necesario prorrogar la emergencia por el plazo de un (1) año”.