El gobierno porteño impuso a los alumnos que cursan quinto año del secundario una carga horaria obligatoria y no rentada de trabajo presencial en empresas privadas y dependencias públicas, como Policía de la Ciudad o Higiene Urbana.
Una investigación de Gabriel Sánchez Sorondo
El gobierno porteño impuso a los alumnos que cursan quinto año del secundario una carga horaria obligatoria y no rentada de trabajo presencial en empresas privadas y dependencias públicas, como Policía de la Ciudad o Higiene Urbana. La medida, establecida por decreto, viola la propia ley de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, pone a los menores en lugares no preparados para recibirlos, sin docentes que los acompañen y sin la autorización habitual que se les pide a los padres por escrito para trasladarlos fuera del edificio escolar. A estos perjuicios se suma el deterioro formativo a partir de la pérdida irrecuperable de clases correspondientes a materias curriculares como Matemática e Historia, cuyas horas fueron reemplazadas por el trabajo de los menores que en algunos casos se realiza a varios kilómetros del establecimiento escolar en el que fueron inscriptos y deberían concurrir según la ley vigente.
La situación desató profunda inquietud en la comunidad educativa y despertó rechazos en distintos ámbitos, incluyendo gremios docentes, Asesoría Tutelar de Menores, centros de estudiantes y la propia Legislatura de la Ciudad. ¿Puede el Ministerio de Educación porteño violar la ley por decreto? ¿Qué opinan los funcionarios, los docentes y los propios alumnos? Télam consultó a las distintas partes involucradas y volcó sus testimonios en este informe.
Las prácticas laborales impuestas a los alumnos del último nivel secundario de la Ciudad de Buenos Aires se estrenaron en abril, en el actual ciclo lectivo con un pomposo título.
Bajo amenaza de incumplir con «una materia curricular» (eso se les informa) chicos y chicas de distintos colegios, en lugar de asistir a clase, empezaron a cumplir las 120 horas que implica las ACAP fuera del colegio.
Lo hacen en un ámbito no preparado para recibirlos, restando horas curriculares de materias como Historia, Filosofía y Matemática, sin presencia de docentes, ni autorización específica de los padres, que en cambio sí se pide «y con 48 horas de anticipación» ante cualquier actividad fuera del edificio del colegio.
Ley F – #3.541 | PDF (scribd.com)
Prácticas con los proveedores de CABA
Algunos de los casos concretos de ACAP detectados hasta ahora corresponden a la Escuela Normal Superior Nº 1 Pte. Roque Sáenz Peña, Liceo 9 Santiago Derqui, Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) N° 1, Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, Comercial N° 5 José de San Martín, Escuela de Comercio N°12 de Villa Lugano, y la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg. Télam recabó, de entre estos grupos, algunos testimonios de alumnas y alumnos.
«Vamos dos veces por semana a la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios (CACYR) en la calle Solís. Hicimos un curso de manipulación de alimentos, recibimos unas charlas y diseñamos una dieta como para un deportista vegano. No nos acompañó ningún docente, íbamos por nuestra cuenta. En CACYR tampoco había docentes, sí coordinadores de ACAP», comentó Oliverio, del Lengüitas, consultado por este medio.
Casualmente, CACYR nuclea a las empresas que se ocupan del servicio de comedores escolares en la Ciudad. Una de ellas, en particular, recibió denuncias el año pasado, tanto por la calidad como por el sobreprecio de esas viandas pagado con erario público. Además, según denuncian desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el convenio ACAP esconde cláusulas que favorecerían a dichas empresas para seguir ganando las licitaciones de comedores escolares.
Las legisladoras Myriam Bregman y Alejandrina Barry lograron, reclamo mediante, un fallo que obligó al gobierno de la ciudad a que el servicio contratado brinde una comida saludable. Barry, por su parte, acaba de presentar un proyecto de ley en la Legislatura para derogar las ACAP y también dio su opinión a Télam en el marco de esta investigación.
ún con esos antecedentes, CACYR fue elegida por el gobierno porteño para dar cátedra a los alumnos sobre el ítem: «Por ahora lo que venimos haciendo es asistir a charlas con una Licenciada en Nutrición que se dedica a atender en consultorio y a supervisar la producción de sistemas de alimentación en hospitales, escuelas y colonias», completa Justino, del mismo colegio.
«Siempre nos trasladamos por nuestra cuenta, y al llegar nos toman lista; si no vas, te pasan la falta. Esto es algo impuesto, no podemos elegirlo; estar en las ACAP es como estar en el colegio. Preferiría que en vez de ser obligatorias fueran optativas; a partir de tercer año nosotros cursamos una especialidad, sería bueno poder dedicar esas horas a algo relacionado con lo que cada uno eligi» apunta, por su parte, Julieta.
