El legislador porteño por el Partido Obrero, Gabriel Solano, desnudó algo que muchos sospechaban pero que nadie confirmaba, la financiación de las organizaciones sociales con los planes sociales que cobran los beneficiados: “En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380″, contó.

Estas declaraciones que derivaron en un escándalo mediático, fue tapa del diario Clarín el día martes, prendió las alarmas del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Juan Zabaleta, y por eso, el intendente con uso de licencia de Hurlingham comenzó a preparar un informe que investigue este tipo de irregularidades. “Esas situaciones manifestadas en la respuesta abierta que podrían representar algún tipo de irregularidad, fueron derivadas al equipo que trata las denuncias para avanzar en las investigaciones y en caso de encontrase pruebas derivar la denuncia a la justicia”, deslizaron desde la cartera de Desarrollo.

Sucede que Potenciar Trabajo, que lo administra y cardina el secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, es una de las políticas más importantes del Gobierno nacional para paliar la situación social y cuenta con una jugosa caja: sólo este año tiene un presupuesto asignado de 243.126.690.730 pesos que se destinan a 1.271.215 titulares activos.

Desde la Mesa Directiva del Polo Obrero salieron a fundamentar las declaraciones de Solano a través de un comunicado pero no hicieron más que corroboran lo que graficó el legislador. “Lo que en realidad ocurre es que las organizaciones de los desocupados organizan y defienden un financiamiento autónomo para las necesidades de la lucha y de los barrios. El movimiento piquetero sostiene, sin apoyo del estado, miles de comedores populares en todo el país. Para eso es necesario, como cualquiera sabe, tener un lugar donde hacer la olla popular y por lo tanto pagar alquileres, comprar una garrafa, pagar los fletes para trasladar los alimentos que el Estado no entrega en la puerta de cada comedor o en un depósito Central”, reza un fragmento del comunicado.

La pregunta pasa por saber si realmente esos aportes que hacen los beneficiarios son voluntarios o es un requisito que imponen las organizaciones sociales, en este caso el Polo Obrero. Eso es lo que está estudiando en este momento Juan Zabaleta en un informe que se está preparando en los despachos del ministerio.

Son 60 mil los beneficiados del Programa Potenciar Trabajo. Si el aporte “voluntario” que admitió Solano se replica en todos los casos implicaría una recaudación de 22.800.000 pesos mensuales 273.600.000 pesos de manera anual.

Larroque abrió el paraguas

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque siguió con detenimiento las declaraciones de Solano. Por eso, desde la cartera que conduce uno de los principales dirigentes camporistas habilitaron una línea telefónica para que quienes perciban planes denuncien irregularidades en el cobro.

“Si vivís en la provincia de Buenos Aires y sos destinatario de Programas sociales recordá que es tu derecho recibir la totalidad de la prestación”, explicó Larroque presentó públicamente la iniciativa que busca resguardar a las personas que acceden a programas sociales.