En el juicio por la expropiación de YPF que se tramitó en los tribunales de Nueva York, el Gobierno volvió a confrontar con Burford Capital, principal financiador de los fondos que demandaron a la Argentina. La Procuración del Tesoro solicitó que se suspenda la entrega de mails y mensajes de funcionarios y exfuncionarios y pidió que se deje sin efecto la solicitud para declarar al país en desacato.

El planteo se presentó durante la madrugada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El Estado reclamó un pedido formal de suspensión del proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska, que habilitó el acceso a comunicaciones de funcionarios del equipo económico actual y de la gestión anterior. El reclamo se produjo mientras el Gobierno aguardó definiciones sobre la firmeza del fallo que condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones más intereses desde septiembre de 2023.

Desde la Procuración sostuvieron que la estrategia de los demandantes superó los límites del proceso judicial. Para el Gobierno, “el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados afecta de manera directa a la soberanía argentina y las relaciones internacionales”.

Fuentes vinculadas al caso advirtieron que “los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”. En ese marco, apuntaron contra Burford por haber impulsado una moción de desacato y por haber solicitado información sobre las reservas de oro del Banco Central. “Dichas reservas son propiedad del Central y, como tales, resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”, señalaron.

A mediados de enero, Burford pidió que la jueza declare a la Argentina en desacato, una decisión que podría habilitar sanciones y embargos. Sin embargo, el trámite judicial avanzó con plazos definidos. Los demandantes debieron esperar hasta el 5 de marzo para la contrarréplica y las audiencias se fijaron para los días 23 y 24 de ese mes, instancia en la que Preska resolverá si hace lugar o no al pedido.

La Procuración defendió la conducta del Estado desde el cambio de gobierno. Afirmó que “desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente el discovery” y que “cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal”. También destacó que el país “realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”.

En ese contexto, el Gobierno sostuvo que el proceso “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado”. Además, advirtió que “los demandantes manifestaron de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”, una conducta que calificó como “inaceptable jurídica y moralmente”.

Por último, el Estado ratificó su estrategia judicial y aseguró que “la República continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”.