El diputado de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, apoyó la decisión presidencial, la consideró una medida "correcta mientras se espera el peritaje judicial", y destacó “el compromiso de Cristina de ir a fondo”.

"La concesionaria demostró su incapacidad para cumplir el contrato, lo cual afecta diariamente a miles de pasajeros y trabajadores”, explicó Sabbatella, para quien “es necesario rescindir el contrato de TBA”.

El referente del Frente Peronista, Eduardo Amadeo, declaró que espera "que le vaya bien" al gobierno con la medida "por el bien de la gente" pero advirtió que, para eso, "las intervenciones deben producir cambios de raíz".

"Desde mi posición de opositor espero que algo cambie por el bien de la gente, pero, para eso, el interventor debe producir cambios de raíz, tomar conciencia de los problemas y no esconderlos", insistió Amadeo, para quien la decisión gubernamental llega "tarde".

Más crítico, el legislador del FAP, Claudio Lozano, consideró prioritario "replantear la situación del transporte en general, más allá del desarrollo del proceso judicial" y cuestionó que el gobierno "siga demorando tomar ese tipo de decisiones".

"La necesidad de revisar esta estructura que se articuló en los `90 no requiere de ninguna espera judicial porque mientras tanto los usuarios siguen conviviendo con la muerte", reflexionó.

En la misma línea, el macrista Julián Obiglio juzgó que una intervención "debe ser dispuesta por la justicia para preservar las pruebas", al rechazar que sea el gobierno el que tome esa determinación.

"Es una locura que el gobierno, que debe ser imputado, intervenga la empresa y se haga cargo de todos los elementos que deben ser auditados por la Justicia”, argumentó.