La diputada Lourdes Arrieta ha solicitado la remoción del fiscal Sergio Mola de la causa que investiga la visita de legisladores libertarios a genocidas, citando su vínculo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bullrich supervisa el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que es crucial en la investigación por su control del acceso al penal de Ezeiza, donde tuvo lugar la visita el 11 de julio. La presencia de Bullrich en el caso se ha visto cuestionada debido a su supervisión directa sobre el SPF.

Arrieta llevó su denuncia a la Cámara Federal de La Plata, pidiendo que se apartara a Mola. Su apelación surgió después de que el juez de primera instancia Ernesto Kreplak, el 28 de agosto, rechazara su solicitud de remoción. Kreplak ha aceptado la apelación, y la sala III del tribunal revisará si Mola debe continuar en la causa o ser reemplazado.

En su apelación, Arrieta presentó nuevos elementos que incluyen una reunión que mantuvo con Bullrich el 15 de agosto. Según Arrieta, Bullrich le pidió que «cuidara» al SPF y expresó su preocupación por Mola y el juez a cargo del caso. La diputada argumenta que esta reunión revela un posible conflicto de interés y un intento de influir en la investigación. Esta información no fue considerada en la decisión inicial de Kreplak, ya que el rechazo a la remoción de Mola se firmó antes de que Arrieta presentara su nueva evidencia.

El caso ha llevado a una mayor presión sobre la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. Díaz Cordero ha sido mencionada en chats relacionados con la organización de visitas a represores. El diputado Rodolfo Tailhade ha exigido una aclaración sobre el papel de Díaz Cordero en estos chats, ya que su nombre aparece vinculado a reuniones organizativas para facilitar el acceso de los diputados libertarios a genocidas.

La jueza Díaz Cordero ha negado cualquier implicación en el caso, prometiendo responder por escrito a las acusaciones. Organismos de derechos humanos han presentado una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, solicitando una investigación sobre el posible involucramiento de Díaz Cordero en la organización de las visitas y en la elaboración de un decreto para la liberación de genocidas.

En paralelo, en la Cámara de Diputados se discute la creación de una comisión investigadora sobre las visitas de los diputados libertarios a genocidas. Mientras los legisladores de Unión por la Patria buscan profundizar la investigación, algunos sectores de la oposición prefieren limitar la cuestión a una sanción menor para evitar que el escándalo se agrave. Esta tensión refleja la complejidad del caso y la presión sobre las instituciones involucradas para garantizar una investigación imparcial y exhaustiva.