En medio de un caos que sumergió en la violencia a la ciudad de Córdoba, con un saldo de 20 heridos y una decena de detenidos, el gobernador Juan Schiaretti logró la aprobación por 40 votos a 28 de la polémica reforma jubilatoria que implica un recorte del 20 % a las jubilaciones de más de 5 mil pesos.

Para llegar a la mayoría, trasladó por pocas horas a dos de sus ministros, Carlos Massei, de Desarrollo Social, y Angel Eléttore, de Finanzas, a la Legislatura. Ya lo había hecho con una secretaria de Estado; y así, de paso, desplazó de la bancada oficial a los kirchneristas.

Durante la mañana del miércoles 30, fuera de la Legislatura había una virulenta batalla campal. Carlos Caserio, el ministro de Gobierno, y el legislador delasotista Marcelo Falo, coincidieron en atribuir los disturbios a "infiltrados enviados desde Buenos Aires por el gobierno kirchnerista".

Los bloques opositores tildaron de "anticonstitucional, confiscatorio y bochornoso" el proyecto. El jefe de la bancada oficialista, Daniel Passerini, dedicó gran parte de su discurso a pegarle al ministro del Interior Florencio Randazzo, a quien llamó "desvergonzado" y "mentiroso". El martes, Randazzo había asegurado que "la Nación no le debe nada a Córdoba", y que la crisis se debe a "la pésima administración de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti".

Desde afuera, un grupo de gremialistas resistía la reforma que se convirtió en ley poco después de las seis de la tarde. La suerte estaba echada: las jubilaciones de más de 5 mil pesos serán recortadas en un 22 %. Las que superen los 6.500, un 25 %; en tanto las mayores a los 8.600, un 27 %. Todo irá a parar a un "bono solidario" a recuperar en ocho años.

Desde la Asociación de Magistrados, advirtieron que la ley podría ser derogada, por "inconstitucional" basándose en el principio de la "intangibilidad" de las jubilaciones.

Los principales choques entre los manifestantes y los más de mil policías que blindaron la Legislatura, ocurrieron poco antes del mediodía y asolaron el microcentro por más de tres horas. Hubo destrozo de vidrieras de bares y librerías de la peatonal, pero la batalla principal ocurrió en la Plaza San Martín, frente a la Catedral y el Cabildo Histórico.

Mientras los manifestantes atacaron con piedras y cascotes, los policías contestaron con balazos de goma y gases lacrimógenos. La marcha convocó a 24 gremios, entre los que se destacaron gruesas columnas de Luz y Fuerza y Municipales. También hubo grupos menores del Sindicato de Empleados Públicos, judiciales, bancarios, docentes, partidos de izquierda y hasta uno muy activo de Quebracho. Estos últimos, fueron señalados por los sindicalistas de ser "los responsables de la violencia", en cuyo clímax hasta se quemaron árboles centenarios de la Plaza.

Alejandra Rivas, docente de Córdoba, expresó en “Pasa de Todo” por FM 104.7 que ellos tenían muy “claro que eran infiltrados. No sabemos de donde provenían. Era gente que estaba con palos y piedras, con la cara tapada. Nuestro gremio es muy ordenado y muy prolijo. Teníamos personas mayores de edad en la manifestación”.

“Es clarísimo que le fueron a complicar la situación a Schiaretti. Hoy se conoció el testimonio de un taxista que trasladó a chicos de San Luis que le dijeron que habían ido a tirar piedras. También se vieron muchas banderas de organizaciones sociales que no aparecen acá habitualmente”, agregó la docente.

En diálogo con Eduardo Román, Rivas expresó que un día antes se sospechaba de una jornada dura porque el “enojo es mucho, es real”. Para expresar las sospechas sobre los disturbios, manifestó que en Córdoba sólo existen “6 personas que cobran 22 mil pesos de jubilación”.

Además, el gremio de Luz y Fuerza quiere iniciar acciones contra la Policía porque afirman que durante la represión golpearon gente dentro de la Legislatura. “Nos queda un sabor muy amargo, sentimientos de mucha desazón, porque sentimos que toda nuestra lucha ha sido absolutamente en vano. No sabemos cual fue la punta del ovillo de todo esto. La sensación es que hay un gato encerrado”, expresó la docente.

Por otro lado, Rivas opinó que todo “esto viene de antes, el vaciamiento de la caja es responsabilidad del señor De La Sota en realidad. Además esta es una provincia rica. No puede ser que estemos dependiendo de la Nación para que puedan pagar las jubilaciones. No tiene que ver con la coparticipación. Quién se está llevando la plata es en realidad el tema”.

LAS CLAVES DEL CONFLICTO

1- El disparador del conflicto fue la decisión del Gobierno provincial de enviar un proyecto de ley para recortar las jubilaciones más altas, modificar el sistema de cálculo de las jubilaciones futuras y pagar con bonos las sentencias. El argumento es que la Caja Provincial -que entre otros, incluye a los empleados públicos, docentes, y Luz y Fuerza- tiene un déficit de $ 70 millones mensuales.

2- El gobernador Schiaretti alega que ese déficit y el acumulado en los últimos años -por un total de $ 1.600 millones- debía ser cubierto por la ANSeS, por un convenio firmado en 2002.

3- La ANSeS dice que desde 2002 transfirió a la Caja $ 1.900 millones, pero que Córdoba incumplió con el convenio y por lo tanto desde fines de 2006 dejó de seguir financiando esos déficits.

4- Por el convenio de 2002, Córdoba se comprometió a adecuar las leyes jubilatorias de la Provincia a las del orden nacional. Eso implicaba, entre otros puntos, el aumento de la edad jubilatoria y de los años de aportes para acceder al beneficio, el no reconocimiento de los sueldos no remunerativos y la derogación de la movilidad automática según la evolución de los salarios o de los precios.

5- Como Córdoba cumplió parcialmente con el convenio, ANSeS dice que no adeuda nada porque quedó establecido que en ese caso el déficit lo cubría la Provincia. Schiaretti sostiene que ANSeS hizo varias auditorías, sin objetar nada, admitiendo seguir financiando el rojo de la Caja. Y que ahora no reconoce la deuda desde 2006 por el apoyo de Schiaretti al campo.