La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por el delito de “abuso de autoridad” a raíz del pedido que hiciera su cartera para allanar un canal de streaming y la vivienda particular de dos periodistas que revelaron los audios de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, prohibidos ayer por un juez federal.

La denuncia -que se suma a una presentación similar hecha por legisladores de la oposición- sostiene que el pedido de la funcionaria es “una violación flagrante” de la libertad de expresión” porque va a contramano de los artículos 14, 32 y 43 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que garantizan la protección de las fuentes periodísticas y la libertad de prensa y de expresión.

El pedido de allanamiento del canal Carnaval Stream y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico tiene como “único fin amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”, indica el texto.

Audios, censura y denuncias

La presentación fue hecha por el abogado Gregorio Dalbón e intenta frenar la denuncia penal que Bullrich presentó de manera casi simultánea a la medida cautelar con que la Casa Rosada logró que el cuestionado juez Alejandro Patricio Maraniello prohibiera la difusión de nuevos audios relacionados con la investigación sobre presuntas coimas entre funcionarios nacionales con laboratorios que le vendían al Estado medicamentos para personas con discapacidad.

Dalbón consideró que esos audios “revisten un indudable interés público” y advirtió que la prohibición de que se conozcan busca “blindar políticamente al oficialismo y convertir la difusión periodística en un delito”.

Asimismo, siempre según el abogado, el pedido colateral presentado por Bullrich contra medios y trabajadores de prensa “constituye una medida intimidatoria que busca paralizar la actividad periodística”.

Abuso de autoridad

La denuncia presentada en las últimas horas se encuadra en el presunto delito de “abuso de autoridad” previsto en el artículo 248 del Código Penal.

También pide que se cite a indagatoria a la ministra y a prestar declaración testimonial a Fernando Soto, el representante legal del Ministerio de Seguridad que presentó los pedidos de allanamientos.

El Ministerio de Seguridad “ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”, acusa el texto de la denuncia contra Bullrich.

En ese sentido, añadió, la decisión de la titular de la cartera “es una forma de censura indirecta y masiva” porque “no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales”.

La presentación de Dalbón sostiene que el pedido de allanar a medios y comunicadores es “un acto concreto de abuso de poder que pone en jaque principios esenciales del sistema democrático” y aduce que, por esta motivo, Bullrich “atentó contra el correcto funcionamiento de la administración pública y contra el derecho de la ciudadanía a ser informada”.

“La conducta de Patricia Bullrich no solo vulnera la Constitución Nacional, sino también los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, remarcó la denuncia.