Organizaciones sociales y partidos de izquierda se concentraron en las inmediaciones del Puente Pueyrredón a 17 años de la Masacre de Avellaneda, en la que fallecieron los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en un operativo de la policía el 26 de junio de 2002.  Las autoridades policiales desplegaron la “supervalla” para tratar de evitar el ingreso de los manifestantes al puente y así evitar el bloqueo del tránsito.

Se trata de un instrumento que se estrenó durante la cumbre del G20 realizada en diciembre de 2018  y que desde entonces es una herramienta a la que recurren las fuerzas de seguridad para este tipo de protestas. Por ejemplo, la Prefectura la empleó el pasado 29 de mayo en el mismo Puente Pueyrredón para impedir cortes de tránsito en medio del paro general o en las inmediaciones del Congreso el 1º de marzo, ante la apertura de las sesiones ordinarias legislativas del presidente Mauricio Macri.

Los participantes del acto de este miércoles 26 de junio se concentraron en la estación de tren de Avellaneda que hoy lleva los nombres de ambos militantes. Como todos los años, reclaman juicio y castigo para los responsables políticos de los decesos. El Frente Popular Darío Santillán denunció a través de Twitter que ya desde anoche la policía desplegó el megacamión cuando debía realizarse el acampe: “Con una valla móvil y la militarización de la base del puente la policía impide a familiares de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, compañerxs, y organizaciones subir al puente Pueyrredón para cerrar la vigilia cultural realizada en la Estación Dario y Maxi”.

“Las fuerzas de seguridad impiden la tradicional  marcha de antorchas, con un desproporcionado operativo de seguridad”, agregaron.

Si bien los responsables materiales, el ex comisario Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, tienen cadena perpetua, sigue en pie el reclamo para llevar a juicio a los responsables políticos de las muertes. En Comodoro Py se tramita el expediente que intenta probar las culpabilidad de quienes gobernaban en ese entonces, el ex presidente Eduardo Duhalde y el ex gobernador bonaerense Felipe Solá. Por el momento, el juez Ariel Lijo no los citó a declarar. “En 17 años la justicia nunca indagó, nunca interrogó ni mucho menos sentó en el banquillo a los responsables políticos de la masacre.

Tanto la justicia como la política pensaron que nosotros nos íbamos a quedar conformes con las condenas a Fanchiotti y (el cabo Alejandro) Acosta. Pero desde el primer día señalamos las responsabilidades políticas, aún sabiendo que esa misma política es la que, en definitiva, pone a los jueces. Por eso somos nosotros, con el aporte de nuestros abogados, los que investigamos, aportamos pruebas y hacemos el trabajo que no hacen ni la fiscal (federal Paloma) Ochoa ni el juez Lijo. A nosotros la justicia no nos regaló nada, lo que conseguimos fue porque nunca dejamos de estar en las calles”, manifestó a la Izquierda Diario el padre de Darío, Alberto Santillán.