El Consejo Interuniversitario Nacional y sindicatos universitarios convocaron a una nueva Marcha Federal el 2 de octubre en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei y el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Denuncian una crisis presupuestaria y salarial en las universidades, mientras la CGT anuncia su apoyo a la movilización.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades nacionales, expresó su rechazo al recorte presupuestario implementado por el gobierno de Javier Milei en relación a las universidades públicas, tras el anuncio reciente del Presidente de vetar la ley de financiamiento universitario. En un comunicado, el CIN condenó «la desconsideración y el hostigamiento que no cesan» por parte de Milei hacia las instituciones académicas, cuya comunidad se movilizará nuevamente el 2 de octubre en una Marcha Federal Universitaria.
«La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. Es inadmisible y profundamente injusto que quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales y, con su trabajo diario permiten que las universidades funcionen, sean hoy los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados. Más del 70 por ciento de las y de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año», expresó el CIN en el documento.
Asimismo, el Consejo agregó: «En ese escenario sombrío, la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario para sostener el sistema en el presente año, abrió una esperanza, otorgando previsibilidad en materia presupuestaria y una respuesta a la angustiante situación salarial. Se trata de una ley responsable que resuelve los problemas de manera razonable porque evita comprometer fiscalmente al Estado. A pesar de saberlo fehacientemente, el Gobierno manifestó que optaría por vetarla. La esperanza abrió paso, una vez más, a la incertidumbre«.
Los rectores también señalaron un nuevo factor preocupante relacionado con el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por Milei. «Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades», afirmaron.
En sus demandas, instaron al Presidente a «que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025″. Al mismo tiempo, hicieron un llamado a los legisladores para que, «de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno nacional, sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento».
Este martes, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, junto con el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA), llevó a cabo una conferencia de prensa para convocar a la Marcha Federal Universitaria del miércoles 2 de octubre. Esta será la segunda movilización de este tipo bajo la administración de Javier Milei, tras la primera que se realizó el pasado 23 de abril.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) hará pública hoy su adhesión a la marcha en apoyo a las universidades nacionales. El respaldo será formalizado en una conferencia de prensa que tendrá lugar a las 16 horas en el cuarto piso de la sede de la central obrera, ubicada en Azopardo 802.
El creciente conflicto entre las universidades nacionales y el gobierno de Javier Milei refleja una alarmante falta de compromiso con la educación pública, mientras las promesas de ajuste y veto de leyes fundamentales profundizan la crisis presupuestaria y salarial en el sector. La indiferencia hacia las demandas universitarias y la falta de diálogo real con los actores afectados, no solo desestabilizan al sistema educativo, sino que también ponen en riesgo el futuro de miles de estudiantes y docentes que ven cómo sus derechos y condiciones laborales son ignorados en favor de prioridades políticas que no consideran la educación como un pilar del desarrollo nacional.

