Por Mariano Obarrio

El gobierno de Cristina Kirchner está ante una encrucijada por la política antidrogas. Sus funcionarios más cercanos al área están a favor de la despenalización del consumo para tenencia personal, aunque la Presidenta nunca se pronunció y sabe que abrir esa puerta la enfrentaría a la Iglesia, que se opone a esa posibilidad.

En los últimos tiempos, el secretario de Seguridad, Sergio Berni; el jefe de la Sedronar, Juan Carlos Molina, y la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, se pronunciaron claramente a favor de habilitar el consumo de drogas, pese al crecimiento de delitos en que se comprueba el uso de estupefacientes.

En el caso de Molina, su opinión en favor de la despenalización sorprendió por su pertenencia a la Iglesia, que condena esa política.

El presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado y obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Lozano, señaló ayer en un artículo publicado en LA NACION que previo a pensar en la despenalización se deben atender los problemas de la inclusión social y fortalecer la igualdad de oportunidades.

Admitió el impacto positivo de la Asignación Universal por Hijo, pero afirmó que aún "persisten núcleos duros de pobreza a los que cuesta llegar".

Monseñor Lozano consideró prioritario, antes de debatir sobre la despenalización, garantizar el acceso a la educación y la asistencia de los adictos en una velada crítica al cura Molina. "La Sedronar está desarrollando un programa para instalar en el país 150 centros preventivos locales de las adicciones y 60 casas educativas terapéuticas. ¿No habría que terminar de escribir este capítulo, apenas iniciado, antes de despenalizar?", preguntó el obispo.

En tanto, en una carta enviada a Cristina Kirchner, los curas villeros dijeron hace un mes que la discusión por la despenalización "corresponde a los últimos capítulos del libro y no a los primeros".

Lozano, además, fue crítico al advertir que hace falta revertir "la lentitud de las causas por narcotráfico, que está vinculada a falta de herramientas adecuadas y artilugios legales inmorales". Pidió, además, dotar de instrumentos de control y transparencia a las fuerzas de seguridad, desmontar "la pata política de la corrupción", y avanzar en las leyes contra el lavado de dinero y precursores químicos, entre otras prioridades. En diciembre último, varios dirigentes políticos firmaron un compromiso en ese sentido.

A contramano de la Iglesia y de los curas villeros, el sacerdote Molina dijo hace una semana que él habilitaría el "consumo de todo" para no criminalizar al consumidor.

"Yo habilitaría el consumo de todo y abriría centros [de contención y asistencia para adictos], pero estamos hablando de la no criminalización. Hay que legalizar lo que hoy es ley, una ley de hecho", dijo el titular de la Sedronar, designado luego de que la Iglesia denunciara que el organismo se encontraba acéfalo.

Sin embargo, ese argumento se contrapone a quienes aseguran que muchas veces los delincuentes consumen drogas para delinquir porque con ello eliminan la noción del mal y terminan causando desastres.

Berni dijo en julio último que hay que buscar "nuevos paradigmas" para combatir el narcotráfico y "discutir una nueva forma de regular no solamente el consumo, sino la cadena de producción y la comercialización de las drogas".

En febrero último, citó a un histórico jefe del narcotráfico colombiano y señaló: "Como dijo Pablo Escobar Gaviria no hay posibilidades matemáticas de que la policía le gane al narcotráfico y es verdad".

"Yo estaría de acuerdo si se despenaliza toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Despenalizar sólo el consumo no termina de ser efectivo", dijo Berni.

Hace dos meses, la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, había salido de su bajo perfil para señalar que hay que "dejar de ser hipócritas" y "ver por dónde pasa la cosa". Y aseguró: "Si eso disminuye la violencia y evita muertes, estoy a favor de despenalizar" la tenencia para consumo personal.