El subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en Andorra, un país de 78.264 habitantes entre España y Francia donde hasta el pasado año regía el secreto bancario. El dinero permaneció en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de una sociedad.

Díaz Gilligan, alto cargo del Ejecutivo argentino que preside Mauricio Macri, figuró ante el banco como representante de la empresa y accionista. Sin embargo, el mandatario indica que los fondos no eran suyos.

La cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Ayuntamiento de Buenos Aires. Y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística del Consistorio bonaerense.

La cuenta estuvo a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action. El cien por cien de esta firma pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc.

“Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, este decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014”, recoge un acta confidencial de la BPA.

Díaz Gilligan sostiene que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a un amigo. “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, indica el subsecretario de Mauricio Macri en conversación telefónica.

El dirigente explica así porqué salió de la empresa en 2014: “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”.

Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses después de desembarcar en el Ayuntamiento de Buenos Aires. “Creí que había cesado en julio de 2014”, justifica. El dirigente abandonó entonces su puesto de director de la mercantil, pero volvió a ocupar el mismo cargo horas después, según el registro mercantil de Reino Unido.

El subsecretario de Macri afirma desconocer este detalle. Y niega que supiera que el cien por cien de esta sociedad pertenecía a una mercantil panameña, cuyos dueños son un misterio.

La Banca Privada d’Andorra (BPA) advirtió del perfil político de Díaz Gilligan en diciembre de 2014. Y solicitó a su departamento de prevención de blanqueo información adicional sobre el cliente. Las cautelas llegaron después de que el actual subsecretario general de Presidencia de Argentina se desvinculara de su empresa británica. “Hemos solicitado un informe detallado del comprador y de las circunstancias de la venta de la sociedad para valorar la continuidad”, requirió la BPA.

La cuenta de Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de dólares (980.000 euros). Y se nutría de transferencias de Uruguay de “clubs de fútbol”, según el banco. Díaz Gilligan es vocal del River Plate, de Primera División.

Por otra parte, la Banca privada d’Andorra (BPA) se negó a abrir en agosto de 2008 dos cuentas al entonces gobernador de la provincia argentina de Neuquén(233.000 habitantes) Jorge Augusto Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

El mandatario, que ocupó el cargo entre 2007 y 2015, planeó ingresar en este banco cinco millones de dólares (cuatro millones de euros). Y distribuir los fondos en dos depósitos vinculados a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice, según un acta confidencial de la BPA.

Como beneficiario de una de estas cuentas, Sapag quiso incluir al exsecretario de Recursos Naturales y exministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.

El banco calificó a Sapag de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que es como se denominan en la jerga financiera a personalidades que, por ocupar o haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control para prevenir el blanqueo.

La BPA rechazó a Sapag y Coco como clientes al sospechar que su dinero procedía de sobornos. “Los fondos corresponden a comisiones y regalías originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan periódicamente a empresas reconocidas en la explotación de petróleo en esa región”, recogió el banco en un informe interno fechado el 6 de agosto de 2008.

Sapag preveía transferir inicialmente a cada depósito un millón de dólares (819.700 euros) desde “una empresa off shore”. “Las cuentas irán alimentándose anualmente dependiendo de los periodos de renegociación de contratos”, comunicó el político a la BPA, según esta entidad.