La privatización de la vía navegable clave quedó en manos del consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la local Servimagnus, tras una polémica evaluación técnica que descartó a su competidora directa. El polémico contrato asegura el control del río Paraná por un cuarto de siglo.
La definición sobre el control del principal corredor de exportación del país desató un escándalo que superó lo comercial. El Ministerio de Economía de la Nación anunció la preadjudicación del dragado, mantenimiento y señalización de la Vía Navegable Troncal al consorcio de Jan de Nul y Servimagnus. Detrás de este otorgamiento estatal, apareció una densa red de relaciones personales que conectó a la mesa chica de la Casa Rosada con los empresarios beneficiados.
La cartera económica comunicó en la red social X que se «preadjudicó la privatización de la Vía Navegable Troncal», tras desechar la propuesta de la firma DEME. Ambos competidores internacionales presentaron la misma oferta económica, con una tarifa mínima de 3,80 dólares por tonelada. Sin embargo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) utilizó la propuesta técnica para beneficiar al operador histórico. De este modo, el oficialismo garantizó un negocio que generará ingresos por 15.000 millones de dólares durante los próximos 25 años.
Pliegos direccionados y denuncias en Comodoro Py
El proceso licitatorio quedó bajo la lupa de la Justicia Federal debido a una denuncia penal por presunto direccionamiento. La presentación judicial apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro Luis Caputo y el titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor. La acusación central señaló que el Gobierno diseñó un pliego exclusivo para favorecer a Jan de Nul, corporación que ya opera en el río a través de la Compañía Sud Americana de Dragados.
El escrito judicial criticó con dureza la exigencia técnica de un calado de 44 pies de forma inmediata. Los denunciantes afirmaron que “es una licitación con un solo corredor”. El texto ratificó la ventaja de la firma ganadora de manera contundente: “La única empresa que tiene hoy las dragas de succión por arrastre necesarias, que ya están en el río, que ya tienen la logística y que pueden cumplir con esos 44 pies mañana mismo, es la Compañía Sud Americana de Dragados. O sea, Jan De Nul”.
La caja perfecta del peaje privado
Otro punto crítico de la entrega estatal radicó en el esquema de recaudación. El nuevo modelo devolvió al concesionario privado la facultad de cobrar los peajes de forma directa, sin intermediación pública. El manejo directo de los fondos eliminó los mecanismos de control estatal sobre el tráfico fluvial. Respecto a los riesgos de este sistema, la denuncia penal advirtió: “Estamos hablando de 500 millones de dólares al año. Si el privado cobra y el privado dice cuánto dragó, se acaba el control. Es la caja perfecta”.
La trama judicial también describió reuniones informales entre los asesores de Santiago Caputo y los técnicos de Jan de Nul. Según el documento, estos encuentros sirvieron para confeccionar las condiciones del concurso. Además, la cúpula oficialista ejecutó desplazamientos de personal técnico dentro del área de puertos para remover a los funcionarios que objetaban los costos y las condiciones de la privatización.
El factor Neuss y el entorno libertario
El escándalo salpicó de forma directa a la familia Neuss, un grupo empresario con un crecimiento exponencial durante la gestión actual. Juan Neuss y Santiago Caputo forjaron una amistad estrecha desde la infancia en el country Martindale de Pilar. Esta cercanía alimentó fuertes sospechas sobre la influencia política de los Neuss en las decisiones estratégicas de la Casa Rosada. Los hermanos Juan y Patricio Neuss expandieron sus negocios hacia la generación y el transporte eléctrico nacional en el último año, al tiempo que aportaron financiamiento a la Fundación Faro, el principal centro de pensamiento del oficialismo.
Mientras los funcionarios defendieron la transparencia y prometieron un ahorro logístico anual de hasta 40 millones de dólares, la oposición denunció la opacidad del proceso. “La Hidrovía es el ejemplo más obsceno de cómo se maneja este Gobierno: con una mesa chica que decide por encima de las instituciones”, sentenció la presentación judicial. La adjudicación definitiva ocurrirá tras un breve período de siete días para impugnaciones, lo que dejará el control del 80% del comercio exterior argentino en manos del círculo íntimo del poder.
