El Poder Ejecutivo definió su estrategia tras la última sesión del Senado. Javier Milei no firmará el decreto de nombramiento de María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal III de La Plata. El mandatario optó por bloquear el paso final del trámite administrativo. La determinación provocará tensiones inmediatas en el Congreso y debilitará los puentes con los bloques dialoguistas. De esta manera, Milei asumirá un costo político altísimo por esta decisión, que nació de un giro estratégico y personal en la Casa Rosada.

El oficialismo intentó retirar la candidatura de Michelli antes de la votación, pero la oposición forzó su tratamiento sobre tablas. La magistrada obtuvo el aval de la Cámara alta con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. El motivo del rechazo oficial provino de un factor ajeno a la idoneidad técnica: su parentesco con el periodista de investigación Hugo Alconada Mon. A pesar del revés en el recinto, en Balcarce 50 minimizaron el impacto y recurrieron a las facultades de la Constitución Nacional para justificar la inacción. El mandatario avaló esta postura en sus redes sociales y celebró la aprobación de los otros 73 postulantes como un hito.

La Casa Rosada utilizará la falta de infraestructura de la sede judicial de La Plata como argumento para dilatar la firma. El tribunal se creó por ley en 2010, pero todavía carece de habilitación operativa, personal y recursos básicos. Cerca de Karina Milei y Santiago Caputo apostaron a un desgaste prolongado de la jurista. El Gobierno usará como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj en 2011, cuyo pliego recibió aprobación del Senado, pero la entonces presidenta Cristina Kirchner nunca firmó su designación debido a discrepancias políticas.

El conflicto también dejó expuesta una fuerte grieta interna en La Libertad Avanza. Patricia Bullrich se diferenció del bloque oficialista y optó por la abstención en el recinto. La ministra defendió su postura con una justificación clara sobre los límites de la disciplina partidaria: «No se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una cuestión familiar. Acá se consideran los méritos. Me voy a abstener. Mi posición no compromete a mi bloque”.

Los especialistas en derecho constitucional advirtieron sobre los riesgos de esta parálisis. El jurista Diego Armesto confirmó la potestad presidencial para convalidar o rechazar el acuerdo, pero remarcó la necesidad de una fundamentación sólida. «Dentro de un proceso complejo como es la designación de jueces, falta la última etapa que es el decreto del Presidente, que puede aceptar o rechazar el acuerdo. Pero el decreto debe estar fundado y motivado, esgrimiendo las razones en los considerandos», explicó el especialista. El letrado advirtió además que una impugnación basada en el parentesco familiar podría resultar discriminatoria.

El Ministerio de Justicia intentará desviar la atención con el envío de una nueva tanda de 30 pliegos al Parlamento la próxima semana. Sin embargo, la intransigencia de Milei frente al caso Michelli erosionará su gobernabilidad a corto plazo. El oficialismo sacrificó la relación con sus aliados legislativos a cambio de sostener un veto personal, en un escenario donde cada voto en el Congreso resulta vital para las reformas del Ejecutivo.