El fiscal Federico Delgado abrió hoy una causa penal para investigar la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri y de las autoridades de Gendarmería Nacional en el encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado. Lo hizo a raíz de una denuncia que había presentado el abogado kirchnerista Eduardo Barcesat, junto a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Según revelaron a DyN fuentes judiciales, el fiscal le pidió al jefe de Gabinete Marcos Peña que informe de manera "urgente" qué tareas desplegó la Gendarmería en la ruta 40 aquel 1 de agosto en que desapareció el joven.

En un dictamen ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para que se abra el caso a investigación, Delgado reclamó además que se pidan copias de todo lo actuado en Esquel, y recomendó que el juez federal de esa ciudad, Guido Otranto, sea apartado de la causa central porque fue el que ordenó el procedimiento en el que ocurrieron los hechos y "articuló la intervención de la fuerza de seguridad".

"Se sugiere a VS que requiera una copia urgente mediante una nota al Juzgado Federal N1 de la localidad de Esquel, provincia de Chubut. A su vez, el Señor juez también deberá requerirle al Jefe de Gabinete de Ministros, debido a sus facultades constitucionales, que informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado", sostuvo el dictamen la que accedió DyN.

Delgado impulso así la causa a raíz de la denuncia que presentó la semana pasada la agrupación Liga Argentina de Derechos del Hombre (LADH), en donde se acusaba a Macri, los ministros de Seguridad y Justicia Patricia Bullrich y Germán Garavano, junto a responsables de Gendarmería Nacional.

La presentación de la denuncia había sido realizada el 29 de agosto, por Barcesat -abogado de Hebe de Bonafini y ex asesor legal de Alicia Kirchner- y el secretario de la LADH, José Schulman, que tiene extensa trayectoria en derechos humanos y promueve la defensa del gobierno de Nicolás Maduro.

Testigos mapuches aseguraron en las últimas horas ante la Justicia que hombres de la Gendarmería se lo había llevado en una camioneta.

La denuncia que se radicó en Comodoro Py contra el Gobierno incluye también a Peña, al jefe de Gabinete de Seguridad Pablo Nocetti y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.

La presentación renueva la acusación por la desaparición forzada de Maldonado y agrega "la tesis de un encubrimiento por parte de las autoridades públicas, también la violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad".

Para los denunciantes, hubo un "pacto de silencio" de las autoridades estatales, buscando "deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social".

"Se impone, entonces, impulsar la acción en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación para chequear la verosimilitud de la denuncia. Aunque esa tarea sólo puede limitarse en esta ciudad para el segundo de los hechos; es decir, el encubrimiento", dijo Delgado.

El fiscal advirtió que para avanzar con la causa "es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado" y para ello es necesario reclamar copias del expediente de Esquel y que el Gobierno informe de manera urgente precisiones sobre su accionar en el caso.