La política exterior y migratoria de Donald Trump no puede analizarse como un desvío personal ni como una excentricidad individual. Trump no inventó el intervencionismo, la persecución selectiva ni la lógica imperial de Estados Unidos. Las expuso sin maquillaje.

La injerencia en Venezuela no es un hecho aislado ni una reacción coyuntural. Forma parte de una larga tradición de violaciones al derecho internacional, ejecutadas bajo distintos gobiernos y justificadas siempre en nombre de la “democracia” o la “seguridad”. Hoy, esa retórica se reduce a una afirmación cruda del poder.

En materia migratoria, es falso hablar de una novedad. La criminalización del migrante, las deportaciones masivas y la utilización del miedo como herramienta política llevan años siendo políticas de Estado. Trump no las creó: las profundizó y las declaró abiertamente, sin hipocresía institucional.

Las declaraciones sobre la anexión de Groenlandia o la fantasía de expansión territorial hacia Canadá no deben leerse como bromas. Expresan una concepción colonial persistente, según la cual ciertos territorios y pueblos pueden ser subordinados a los intereses estratégicos de Washington.

El verdadero problema no es el estilo de Trump, sino el sistema que lo produjo y que seguirá funcionando aun cuando él ya no esté. Concentrar el debate en su figura personal es funcional a ocultar la continuidad de un modelo que vulnera soberanías, derechos humanos y principios básicos del derecho internacional.

Rechazamos toda forma de intervención, persecución y dominación disfrazada de orden, seguridad o democracia. Denunciar a Trump sin denunciar el sistema que lo sostiene es una forma de complicidad.

La discusión de fondo no es quién gobierna Estados Unidos, sino qué modelo de poder se ejerce sobre el mundo.