Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez son los tres jueces que integran el Tribunal de Responsabilidad Juvenil que determinó que los jóvenes que se encuentran detenidos cumplirán condena a partir del año próximo porque cumplirán la mayoría de edad.

Además, los magistrados que se encuentran bajo la lupa cambiaron la carátula del delito pasándolo de “homicidio calificado”, agravado por portación ilegal de arma de guerra, cuyo castigo es la prisión perpetua a “homicidio en ocasión de robo”, donde la pena se reduce y oscila de los 10 a los 25 años.

El hecho sucedió el 10 de octubre de 2009, en Tigre. Santiago, de 21 años, llegaba a su casa en su auto cuando fue interceptado por los cuatro delincuentes que lo obligaron a entrar, agarraron algunas cosas y lo asesinaron de un escopetazo mientras su hermana y su madre dormían.

Así, tras conocerse públicamente la decisión judicial de posponer la aplicación de la pena efectiva para los dos jóvenes que mataron a Santiago Urbani, intervino el titular de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia.
Gabriel Villegas, adelantó su decisión de “plantear ante la Comisión la posibilidad de someter al análisis de este órgano la actuación de los magistrados intervinientes con la finalidad de observar si han cometido faltas que merezcan la realización de Juicio Político”.

“Me llamaron para pedirme que se analice el comportamiento de estos jueces porque hay mucha indignación y preocupación”, explicó el diputado del FpV-PJ en referencia al diálogo que mantuvo con el intendente Sergio Massa, quien le habría remarcado su compromiso con los familiares de la víctima.

El legislador sostuvo que “como representantes de la sociedad debemos velar por la búsqueda de la tranquilidad pública, sin que se interponga condicionamiento alguno; atento que estamos todos sujetos a ser victimas de este tipo de hechos y por ende deben existir Funcionarios Judiciales que se encuentren a la altura de los hechos. Aplicando la ley con calificaciones y penas acordes al hecho cometido”.

Asimismo, sobre este caso puntual, el Presidente de la Bicameral de Enjuiciamiento considera que “la condena judicial debe contener la justa retribución a las víctimas y a la sociedad y debe guardar proporcionalidad con el daño infringido por este hecho aberrante”.

Por otra parte, desde el Ejecutivo se anunció que se incrementará la recompensa de 70 mil a 100 mil pesos, para quienes aporten datos en la búsqueda de Oscar Pérez Graham que continúa prófugo y sería el “jefe” de una banda integrada por los menores condenados, además se señaló que tuvo una aparición en la que amenazó a uno de los testigos.