Javier Milei, candidato a presidente por La libertad Avanza (LLA) y el hombre más votado en las PASO, propuso como uno de los puntos de discusión en su campaña la desregulación del mercado legal de armas. Un eje que, pese a haber sido incluido en la plataforma electoral que presentó ante la justicia en abril pasado, el libertario ahora busca eludir ya que no figura en su Plan de Gobierno.

Con anterioridad, Milei se había pronunciado a favor de la libre tenencia y portación de armas y había afirmado: “Aquellos Estados que tienen libre portación de armas, le guste o no a la progresía, tienen muchos menos delitos (que) donde vos tenés obligados a estar indefensos a los honestos”. 

La política de flexibilización para la portación de armas ocupó, además de un punto en la plataforma electoral, un amplio espacio del desfile de Milei por los medios de comunicación en los últimos tiempos. “Como adherente a la teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande”, llegó a sostener el candidato a la presidencia el año pasado, al mencionar la relación entre población armada y tasa de delito y defender la desregulación.

En el apartado “Seguridad nacional y reforma judicial” de su plataforma electoral, Milei sostenía en el punto 17: “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.

Sin embargo, se trata de un tema sensible y que va completamente en contra de la política aplicada desde 2010 en la Argentina, en la que se apuntó al desarme de la sociedad civil y se redujo el número de personas autorizadas a la portación. Política que, además de haber sido sostenida pese a los cambios de Gobierno que se sucedieron desde entonces, en 2013 fue destacada y premiada por la propia Naciones Unidas (ONU).

En una entrevista televisiva, el libertario ahora afirma que “no está en su plataforma la libre portación de armas” y que trabajan en una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de la Ley de Defensa Nacional, del sistema carcelario y del Código Penal. Y anunció: “El Ministerio de Seguridad Interior y Defensa Nacional estará bajo la órbita de Victoria Villarruel”, su candidata a vicepresidenta.

Ante la consulta por el giro de Milei, desde LLA se remitieron al envío del plan de Gobierno, presentado hace cerca de un mes, en el que pulieron los puntos de la plataforma entregada ante la justicia federal electoral. Más general que esa primera versión, allí no se menciona la libre venta y portación de las armas y las promesas se enfocan en fortalecer a las fuerzas de seguridad. Es lo que sostiene Victoria Villarruel, quien aseguró en una entrevista reciente que, pese a las declamaciones previas de Milei, no hay intención de modificar la ley actual sobre armamento de la población civil.

“La ley actual es exhaustiva en cuanto a las condiciones. La portación de armas es para las fuerzas de seguridad y determinados civiles en casos excepcionales, y la tenencia es otra cosa diferente”, dijo la candidata a vicepresidente y eventual responsable política de las carteras de Seguridad y Defensa en un hipotético gobierno de Milei. “No tenemos intención de modificar la ley, solo queremos que se aplique y que el Estado no desaliente al ciudadano que cumple con los requisitos”, añadió.

Ahora, en cuanto a si propondría una política de desarme, Villarruel lo consideró innecesario ya que “los delitos cometidos con armas no los realizan los legítimos usuarios”, al tiempo que se mostró de acuerdo con el uso de las pistolas eléctricas Taser para contextos determinados, en centros urbanos, en situaciones de cercanía, pero dijo que “las fuerzas policiales deben seguir portando armas de fuego”.

La portación consiste en el permiso para disponer de un arma de fuego cargada en condiciones de uso inmediato en un lugar público. En la actualidad, de acuerdo a datos que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) presentó ante el Congreso, en la Argentina hay solo 79 personas con ese rango. Se trata de las únicas personas -por fuera de las fuerzas de seguridad- autorizadas a llevar un arma lista para ser usada. El número crece exponencialmente en la categoría de Legítimos Usuarios Individuales con autorización vigente, cuya cifra se ubica en 212.531.

En nuestro país rige desde 1973 la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Allí se detallan las diferentes categorías de armas de fuego, que pueden ser utilizadas con ciertos permisos, y se prohíben las automáticas para el uso de civiles. Para acceder a un arma de fuego y poder utilizarla es necesario contar con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU).

Una vez obtenida esta credencial, se puede hacer el trámite de tenencia que habilita a mantener un arma determinada -registrada ante la ANMAC- en poder de un legítimo usuario, transportarla descargada y separada de sus municiones y usarla con fines lícitos (caza, tiro deportivo, etcétera).

Distinto es el trámite de la portación de un arma. “Consiste en el permiso para disponer de un arma de fuego cargada en condiciones de uso inmediato en un lugar público”, explica la ANMAC.

Según estadísticas oficiales que revelan que para 2022 existían 1.060.910 de legítimos usuarios de armas de fuego en la Argentina, un 2,3% más que el número registrado en 2021. Sin embargo, 3 de cada 4 tienen su credencial vencida en un país donde se producen 8 muertes por día a causa de un arma de fuego.