El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores de la salud pública volvió a escalar luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley de emergencia pediátrica, una norma aprobada por el Congreso que establecía mayores fondos y mejoras salariales para el Hospital Garrahan y otros centros pediátricos del país.
Tras el veto de Milei, trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un paro de 48 horas y distintas protestas
Nacional
Tras el veto de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica, los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un paro extendido, un “ruidazo nacional” y movilizaciones frente al Congreso para exigir el rechazo de la medida.
En respuesta, los trabajadores del emblemático hospital pediátrico anunciaron un paro que comenzará este viernes a las 7 de la mañana y se extenderá hasta el domingo a las 19 horas, con movilizaciones previstas para los próximos días.
Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Garrahan, advirtieron que el centro de salud atraviesa una crisis de personal, falta de insumos y deterioro edilicio, y que la negativa presidencial agrava una situación ya crítica.
“El hospital se está hundiendo”: alarma de los gremios
“El hospital necesita un salvataje del Gobierno nacional, porque se está hundiendo”, expresó con crudeza Norma Lezana, secretaria general de la APyT, al confirmar la medida de fuerza. Según indicó, cada semana se registran nuevas renuncias de profesionales, lo que compromete la atención de pacientes de alta complejidad provenientes de todo el país.
“Estábamos convencidos de que había que luchar por esta ley. Se están yendo médicos, faltan insumos, el edificio tiene goteras. Es una situación desesperante”, detalló Lezana. Durante el paro, aclaró, solo funcionarán las guardias y se garantizarán las internaciones, pero no habrá atención en consultorios externos ni cirugías programadas.
Además, anticipó que el próximo lunes los gremios realizarán una conferencia de prensa frente al Congreso, junto a organizaciones universitarias y de la salud pública, para exigir que los diputados y senadores traten de manera urgente el veto presidencial y lo rechacen.
