El Gobierno y la Justicia profundizaron la pulseada por el control del escrutinio provisorio de las PASO y ayer volvieron a sacarse chispas. La Cámara Nacional Electoral, máximo tribunal que tiene la última palabra sobre las elecciones generales, emitió ayer una resolución en la que recordó que le pidió al Poder Ejecutivo dotar de mayores herramientas para darle "mayor transparencia, agilidad y seguridad" al escrutinio y que no obtuvo respuesta.

Aclararon los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via que estas denuncias "no implican -en modo alguno- poner en duda la legitimidad del proceso electoral en curso, pero le recordó a la ciudadanía que no le dieron los mecanismos de control que había pedido.

En el Gobierno dicen no entender la queja de los jueces porque señalaron que les concedieron entregarle el control del escrutinio provisorio en la ley de reforma electoral que nunca vio la luz. Sólo obtuvo media sanción en Diputados y se frenó en el Senado por impulso de los senadores peronistas.

Como la ley no salió, los camaristas exploraron con el Gobierno la posibilidad de reglamentar mediante acordadas estas medidas para dar mayor transparencia a las elecciones. Obtuvieron un guiño del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y se lanzaron, pero al final del día, cuando faltan dos meses para las elecciones, nada de lo establecido ocurrió. La pelea de fondo es por quién realiza el escrutinio provisorio. Los camaristas habían establecido que se escanearan los telegramas electorales en los colegios, de modo de transmitirlos para su procesamiento y establecer un sistema de seguimiento satelital y de trazabilidad de las urnas, los padrones, las boletas y las actas.

Pero el Gobierno no implementó lo que pidieron los jueces. El Ministerio del Interior suspendió una licitación para contratar una empresa encargada de hacer el escrutinio y le encargó hacerlo al Correo Argentino, que sin intervención de la justicia electoral le adjudicó la tarea en un concurso privado a Indra. La española viene contando los votos argentinos desde hace 20 años.

Los jueces se molestaron porque el Ministerio del Interior dijo que contrató el Correo con Indra porque los camaristas habían hablado de que ése era el organismo que debía intervenir. Pero los camaristas rechazaron esta interpretación. Dijeron que no tuvieron nada que ver con la contratación.

Remarcaron que la justicia electoral es ajena al recuento de votos del escrutinio provisorio, que se realizará sin los "requisitos y condiciones mínimas" que habían pedido. Y además sostuvieron que el mecanismo que ellos proponen, además de darle el control del recuento de votos a la Justicia, implica que no es necesaria la contratación de terceros, como Indra.

El Gobierno dice que ellos -cuando eran oposición- impulsaron los mismos estándares que ahora reclama la Cámara y que "serán cumplidos absolutamente".

Las fuentes del Ministerio del Interior señalaron que la trazabilidad de las urnas será manual y no electrónica, como la que reclama la Cámara. Con respecto al escaneo de los telegramas de votación en las escuelas, explicaron las fuentes que no llegaron a tiempo a hacerlo en todos los centros de votación y que se hará una prueba piloto. Se instalaron escáneres en 100 escuelas. "La prueba piloto es irrelevante en términos muestrales", contestó la Justicia en su acordada, al aludir a lo ínfimo que es trabajar sobre 100 escuelas cuando son 14.000 los establecimientos. Dijeron que para aumentar la velocidad de comunicación de los resultados se aumentaron de 230 a 386 los centros de transmisión de estos datos.

Mas allá de estas pujas, hoy los camaristas tienen una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para pedirle más contadores para auditar los gastos de campaña. Luego se reunirán con los jueces federales con competencia electoral de todo el país. Pero será un encuentro doble, pues a la tarde todos visitarán el Ministerio del Interior. En medio de un clima de tensión, los camaristas le harán saber al Gobierno su malestar.

 Por otro lado, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación emitió un comunicado sobre este tema. El comunicado comienza diciedo que "el Gobierno Nacional ha decidido otorgarle el escrutinio provisorio de las elecciones a la empresa española INDRA, salpicada por escándalos de corrupción en todo el mundo". Argumenta que "este hecho es el resultado de que la licitación  del escrutinio pasó del ámbito de la Dirección Nacional Electoral al Correo Argentino SA. Lo que es un hecho inocente, ya que por tratarse de una sociedad anónima, tiene muchos menos controles y mayor flexibilidad para realizar contrataciones". El comunicado prosigue diciendo que "el Correo Argentino SA otorgó la licitación del Escrutinio Provisorio a INDRA, por ser la única "en condiciones de cumplir los requisitos" a tan poco tiempo de los comicios". Según ellos, "se trata de una maniobra habitual  cuando se quiere direccionar una contratación". El comunicado también menciona que "desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, estamos evaluando la presentación de una acción de amparo para impugnar una licitación abiertamente direccionada". En el comunicado, se presenta un repaso de los antecedentes de la empresa INDRA: "en España, el caso INDRA ya alcanzó dimenciones similares a las de Oderbrecht en Brasil -con políticos y ejecutivos presos-, porque la justicia detectó que financiaba ilegalmente al Partido Popular a cambio de obtener contratos con sobreprecios. El año pasado estalló una investigación en Brasil donde la investigan por haber pagado coimas a políticos de ese país para conseguir contratos con el Estado". Sobre el papel desempañado en las elecciones, el comunicado resalta que "en el año 2010 fue sancionada en Barcelona por faltas graves durante una consulta. En 2012, fue acusada en Angola de complicidad con el gobierno. El escándalo en España obligó a renunciar a Esperanza Aguirre, ícono de la fuerza del presidente Mariano Rajoy". Además, agrega que "durante el 2015 en Sevilla tuvo una seria falla en el recuento electrónico de votos. Y en 2016 fue denunciada por irregularidades en el recuento de los votos en República Dominicana".