En el Parque Industrial de Tortuguitas (Malvinas Argentinas, zona norte del Gran Buenos Aires), la empresa Lustramax, dedicada a la distribución mayorista de artículos descartables para papelería, higiene institucional y catering, anunció su intención de despedir a 29 trabajadores, incluyendo personal en período de prueba, generando un fuerte rechazo por parte del plantel.

Según denuncian los empleados, no existe una crisis real que justifique las desvinculaciones, tal como argumenta la firma. Por el contrario, sostienen que la medida responde a un contexto más amplio de amenaza a los derechos laborales, enmarcado en un avance de políticas laborales flexibilizadoras impulsadas por el gobierno nacional. «La patronal aprovecha el avance de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei para quitarnos derechos fundamentales», afirmaron en un comunicado.

Ante la amenaza de despidos, los trabajadores se declararon en estado de alerta y asamblea permanente, una modalidad de organización que mantienen desde hace alrededor de 15 días. No solo rechazan la pérdida de fuentes de trabajo, sino que también reclaman por deudas salariales, el pago de un bono de fin de año adeudado y el atraso de tres meses en los aportes a la obra social.

Bajo la consigna “Si tocan a uno, tocan a todos”, el personal de Lustramax subrayó su decisión de no aceptar ninguna cesantía, independientemente de si se trata de trabajadores con contrato efectivo o en período de prueba. En ese sentido, reafirmaron la importancia de mantener la unidad interna como herramienta para defender sus puestos de trabajo.

Además, los empleados hicieron un llamado a la solidaridad a otras organizaciones del movimiento obrero, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos y la comunidad en general, con el objetivo de frenar los despidos anunciados y visibilizar el conflicto en el ámbito local y regional

El caso de Lustramax se suma a una serie de conflictos laborales en distintos sectores de la Argentina, donde trabajadores y sindicatos han denunciado despidos, mayor precarización y la pérdida de derechos en medio de un contexto económico y normativo adverso.