Un grupo de trabajadores de la Cooperativa Mecanizados Progreso, la ex fábrica Bosch de Villa Lynch, marchó hacia las sedes del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Provincia en San Marín. Reclaman por la restitución de sus puestos de trabajo, los salarios atrasados y la reocupación de la fábrica, de que la fueron expulsados violentamente el miércoles pasado, cuando el empresario Pablo Rojo llegó al establecimiento acompañado por un grupo de violentos y barrabravas. La policía bonaerense custodió el accionar de los ilegales, que actuaron sin orden judicial y motivados por el veto del gobernador Scioli de la ley que protegía a la cooperativa.

En la previa se especulaba con la posibilidad de hacer un corte en la Avenida General Paz para visualizar la protesta. Sin embargo, la gran presencia policial en la zona hizo desistir a los trabajadores, donde había muchas mujeres y personas jóvenes que hace años se desempeñan en la fábrica. En su lugar, el delegado Gerardo Robbiano decidió acercarse a las sedes de los Ministerios para pedir que alguien los reciba.

Los trabajadores denunciaron la connivencia policial de los empresarios Rojo y Lenarduzi con la policía. El primero llegó con las patotas que desalojaron la fábrica, fue uno de los vaciadores del Banco Hipotecario durante el menemismo, y es economista y asesor del PRO. El segundo llegó a Villa Lynch afirmando ser el nuevo dueño de la firma luego de la recuperación por parte d elos trabajadores, prometió restituir los puestos de trabajo y pagar los sueldos. Pero apenas vendió algunas máquinas quedó al descubierto como socio de Rojo.

Los trabajadores dicen que ya comenzaron a vaciar la fábrica, a vender maquinaria a bajo precio a otras fábricas de los mismos empresarios.

El antecedente marca que la fábrica cerró en noviembre de 2011, y estuvo sin luz ni agua potable. Estuvo custodiada por trabajadores y en junio se conformó la cooperativa. Scioli vetó la ley que permitía que funcione la fábrica y que había sido votada por unanimidad por ambas cámaras. “Seguimos denunciando el incumplimiento del legítimo derecho de los trabajadores, que es amparado por la Constitución, para proteger nuestro salario y las instalaciones. Y queremos saber con claridad lo que está pasando, porque esta gente dice que tiene un plan de trabajo, pero son los mismos de Argelite, que está cerrada y sabemos que están vendiendo las máquinas”, dijo Robbiano.

El delegado afirmó que mantuvieron una reunión con el secretario de Desarrollo Social de San Martín, Oscar Minteguía, y con el Secretario de Gobierno local Fernando Moreira. Los funcionarios afirmaron que estaban en favor de la postura de los trabajadores y se comprometieron a investigar lo que había sucedido.

La ex fábrica Bosch tenía 82 trabajadores, de los cuales más de medio centenar habían conformado la cooperativa. La caravana estuvo acompañada por el dirigente de Unidad Popular Rafael Soria, el apoderado de la Coalición Cívica de San Martín Alberto Aguilera, y el secretario general de ATE regional Pablo Abramovich.