La Casa Rosada dio marcha atrás ante la falta de votos en el Senado y la presión de gobernadores y bloques aliados. El oficialismo buscó garantizar la sesión prevista para este jueves y excluyó del proyecto el apartado que modificaba el régimen para la adquisición de tierras rurales.
El Gobierno nacional resolvió eliminar del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que flexibilizaba las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La decisión llegó luego de comprobar que el oficialismo no reunía los apoyos necesarios para aprobar ese punto en el Senado.
La definición surgió tras una reunión política encabezada por la presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, junto a sectores aliados. El objetivo fue destrabar el escenario legislativo y sostener la sesión convocada para este jueves.
Durante las horas previas, distintos espacios de la oposición dialoguista reclamaron que el apartado sobre tierras quedara fuera del debate. Incluso algunos bloques pidieron que el tema regresara a comisión para abrir una discusión más amplia.
La situación se complicó para el Gobierno cuando varios legisladores que hasta ese momento aparecían como aliados anticiparon su rechazo al artículo. Entre ellos figuraron la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila, alineadas con los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo. También se sumó la neuquina Julieta Corroza, cercana al mandatario provincial Rolando Figueroa.
Las diferencias tampoco se limitaron a esos sectores. Dentro de la Unión Cívica Radical ya existían reparos de los senadores Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, lo que redujo aún más las posibilidades del oficialismo de alcanzar la mayoría necesaria.
El cambio de postura también respondió a la posición pública de algunos gobernadores con buena relación con la Casa Rosada. Osvaldo Jaldo y Rolando Figueroa comunicaron que no acompañarían la modificación del régimen de tierras, una señal que terminó de debilitar la estrategia oficial.
El capítulo eliminado establecía la prohibición para que Estados extranjeros adquirieran tierras rurales en el país. Sin embargo, habilitaba que empresas, sociedades u otras figuras con participación estatal extranjera pudieran concretar esas operaciones si contaban con autorización de la provincia donde se ubicara el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Sin ese apartado, el oficialismo buscará avanzar con el resto del proyecto durante la sesión de este jueves, luego de retirar el punto que concentró la mayor resistencia política y social.
