La decisión del Gobierno de retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras evitó una derrota política en el Senado. La iniciativa había despertado el rechazo de gobernadores aliados y de legisladores dialoguistas, que cuestionaron la flexibilización de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros. Ese escenario amenazó con frustrar la sesión prevista para este jueves, por lo que la Casa Rosada optó por eliminar ese apartado del proyecto para garantizar el tratamiento del resto de la iniciativa.

Sin embargo, la marcha atrás no desactivó las principales críticas. Organizaciones ambientalistas, especialistas en derecho agrario y sectores de la oposición sostienen que el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mantiene modificaciones de alto impacto sobre la legislación vigente. A su entender, el retiro del capítulo sobre la Ley de Tierras generó la idea de que el Gobierno cedió, aunque permanecen artículos que modifican normas consideradas claves para la protección del territorio y del ambiente.

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 29 del proyecto. Allí se propone derogar una serie de disposiciones de la actual Ley de Tierras. Entre ellas figura el artículo 10, que establece las principales restricciones para proteger áreas estratégicas del país.

El abogado ambientalista Lucas Micheloud advirtió que el foco del debate quedó puesto en el porcentaje de tierras que podrían quedar en manos extranjeras, cuando el cambio más relevante pasa por la eliminación de esas protecciones.

«En realidad nos están distrayendo con el porcentaje. Lo malo de la nueva versión del proyecto de ley está en el artículo 29», afirmó.

Según explicó, ese artículo elimina las salvaguardas que hoy impiden que determinadas superficies rurales pasen a manos extranjeras por su valor estratégico.

«El peor artículo que se derogaría es el artículo 10 de la ley actual. Ese artículo lo que hace es establecer las protecciones», señaló.

Micheloud explicó que la legislación vigente fija límites específicos para evitar la concentración de tierras en zonas sensibles. Entre otras cuestiones, impide que extranjeros sean propietarios de extensiones superiores a las equivalentes a mil hectáreas en la zona núcleo y restringe la adquisición de inmuebles que incluyen cursos de agua o se encuentran en áreas de frontera.

«Por ejemplo, en el 10 se establece que no puede haber más de 1.000 hectáreas en manos extranjeras, por ejemplo, en la zona núcleo. Otra de las cosas que establece el artículo 10 es que no puede haber nada en manos extranjeras que tengan cursos de agua, que estén en territorio de frontera y eso desaparece», sostuvo.

Para el especialista, la discusión pública quedó reducida a un aspecto secundario de la reforma.

«En realidad, todos estamos debatiendo el porcentaje y el porcentaje en este momento casi te diría que es una anécdota», afirmó.

Los otros cambios que siguen en pie

Las críticas al proyecto no se limitan a la Ley de Tierras. La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego, al eliminar la prohibición que impide cambiar el destino productivo o comercial de los terrenos incendiados durante los plazos establecidos por la legislación vigente. Esa herramienta se incorporó para desalentar incendios intencionales destinados a habilitar emprendimientos inmobiliarios, agrícolas o turísticos.

Además, el proyecto flexibiliza el régimen de desalojos, al reducir requisitos procesales y acelerar la restitución de inmuebles. Diversas organizaciones sociales y ambientales advirtieron que esos cambios pueden afectar a comunidades campesinas e indígenas que mantienen conflictos por la posesión de tierras.

El texto también introduce modificaciones en la Ley de Expropiaciones. Según sus críticos, esos cambios restringen la capacidad del Estado para declarar la utilidad pública de determinados bienes y endurecen las condiciones para avanzar con ese tipo de procesos.

Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas sostuvieron que el retiro del capítulo sobre la extranjerización de tierras no modificó el núcleo del proyecto, ya que permanecen la mayor parte de las reformas impulsadas por el oficialismo.

Por ese motivo, el debate de este jueves en el Senado continuará marcado por fuertes cuestionamientos. Aunque el Gobierno decidió dejar de lado el punto que había puesto en riesgo la sesión, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada todavía contiene cambios que, según especialistas, reducen herramientas de protección ambiental, flexibilizan los desalojos y eliminan restricciones sobre tierras consideradas estratégicas para el país.