La decisión de la ministra Tolosa Paz implica un enfrentamiento político contra diferentes organizaciones sociales.
Desde que remplazó a Juan Zabaleta en el ministerio de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz intentó detectar beneficiarios truchos y suspender acreditaciones que se estaban efectuando con ciertas irregularidades. Por supuesto, esto generó un fuerte enfrentamiento con las organizaciones sociales, quienes vienen profundizando sus movilizaciones y criticas hacia la actual ministra.
En los últimos días, una auditoría interna del ministerio comprobó que las cooperativas vinculadas al Movimiento Evita, lideradas por Emilio Pérsico, secretario de Economía Social de la misma cartera y administrador del Potenciar Trabajo, registraban 26.720 beneficiarios “fantasmas” que ya cobraron $1.129.080.320.
La documentación que acreditaría las irregularidades cometidas por cooperativas y federaciones ya fueron judicializadas y están en los despachos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Rívolo.
Vale recordar que hasta abril de este año, la cartera que conduce Tolosa Paz dio de baja a 87.555 personas que no validaron su identidad y pertenecían al mayor programa social de su cartera. De ese monto, 26.720 beneficiarios forman parte de 42 federaciones y cooperativas dependientes de organizaciones sociales.
Más precisamente, y siempre guiándose por la auditoría, Más de la mitad de esas cancelaciones, 14.876, pertenecen a la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada.
Entre las organizaciones sociales con mayor cantidad de bajas le sigue la Asociación Civil Polo Obrero (PO).
Eduardo Belliboni, líder del PO, reconoció en diferentes medios que “de forma voluntaria”, la organización de izquierda se quedaba con “el dos por ciento del valor que cada militante del PO cobraba del Potenciar Trabajo” y que lo realizaban de manera “no compulsiva” sino que era “un aporte voluntario de los ingresos votado en las asambleas”.
La tercera agrupación cuestionada es la Federación de Cooperativas René Salamanca Limitada, que pertenece a la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Fueron 2.835 beneficiarios los que no validaron su identidad. Esto significa una erogación mensual de $119.795.760; un equivalente a $1.437.549.120 al año.
La Federación de Cooperativas de Trabajo Padre Carlos Mujica integra también la lista de organizaciones que cuentan con receptores del plan que no validaron su identidad, por lo que sus datos fueron aportados al juzgado de Lijo. En este caso, se confirmó que 246 personas que no ratificaron su pertenencia al Potenciar Trabajo.
La lista es larga, y el juzgado deberá emplear todos los recursos para determinar si terceras personas se quedaban con el dinero de los más necesitados o si asociaron al plan social a personas que no lo necesitaban.
