Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, presentará ante la Justicia una propuesta consensuada con los tomadores de tierra de Guernica para destrabar el conflicto y evitar un desalojo forzado ante la posibilidad de incidentes. La fórmula se aproxima a lo que viene proponiendo desde hace un tiempo el Movimiento Evita.

La idea es crear un fideicomiso a través del cual el Estado compraría las tierras privadas que fueron usurpadas por unas 2.500 familias. Los ocupantes de los terrenos, de manera subsidiada, pagarían en cuotas los denominados “lotes sociales”. Con el excedente de los fondos se realizarían las mejoras para el barrio, como el trazado de calles, bajada de luz, acceso a agua potable y cloacas. Las viviendas, en una segunda etapa, se podrían construir a través de las cooperativas de trabajo de las organizaciones sociales.

Si la propuesta es aceptada, el juez podría posponer el desalojo previsto para el miércoles, jueves y viernes próximo y que se avizoraba conflictivo, ya que un amplio grupo de familias no estaba de acuerdo con dejar las parcelas que ocupan desde el 20 de julio pasado..

El plan acercado por el Movimiento Evita y que debe terminar de afinar el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, no hace mención alguna a tierras fiscales. Una vez pulida la propuesta política, los funcionarios de Kicillof la llevarán al juzgado de garantías número 8, a cargo de Martín Miguel Rizzo para que este dé el visto bueno y fije una nueva fecha para el desalojo solicitado por los emprendedores del barrio cerrado.

Fuentes judiciales, de la gobernación bonaerense y del Movimiento Evita coinciden en que el magistrado otorgará un nuevo plazo, ya que cualquier proceso que implique la adquisición de tierras para mudar a las familias llevará tiempo, y la fecha del 23 de septiembre está muy cerca.

La “mesa de articulación” o de diálogo la forman representantes de los usurpadores, de la gobernación y del municipio Presidente Perón. En uno de sus puntos, la organización social propuso que una parte las tierras que adquiera la Provincia sean “vendidas” a los usurpadores, pero que otra fracción sea ofrecida, a través de inmobiliarias locales, a trabajadores de clase media, media baja, y hasta policías, para combinar los estratos sociales de los barrios que se formarán. Este punto está en estudio por parte de los funcionarios provinciales.

Los tomadores de las tierras están asesorados por la agrupación de abogados de La Ciega, un colectivo que ya intervino en conflictos parecidos al de Guernica.

La propuesta a la Justicia estará acompañada por el censo que se terminó de realizar el fin de semana pasado en el predio tomado y que se está terminando de procesar. Por los pronto, ya se sabe que al menos la mitad de los usurpadores viven en el distrito. Ese era un punto de discusión. La intendenta le había asegurado a Infobae que la toma de tierras está impulsada por movimientos sociales o partidos políticos de izquierda. “Los vecinos de aquí no están en esa toma de tierras. Se trata de gente de otros municipios como La Matanza, Quilmes o Almirante Brown, por lo que deben volver a sus lugares de origen”, había dicho Cantero.

Del censo también se conocerán datos fundamentales como cuántos reciben planes sociales y cuáles de ellos. La nacionalidad, las condiciones laborales y si reciben o no asistencia alimentaria por parte del Estado. También cuántas personas son y a cuántas familias pertenecen.

A partir de esas conclusiones se podrá pasar en limpio el borrador acercado por los usurpadores y cuya autoría intelectual pertenece al Movimiento Evita, que tiene a nivel nacional a dos referentes que son funcionarios del presidente Alberto Fernández: por un lado está Fernando “Chino” Navarro, el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, un área del organigrama de la jefatura de Gabinete a cargo de Santiago Cafiero. Su objetivo principal es coordinar la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso de la Nación.

El segundo es Emilio Pérsico, actual secretario de Economía Social, una dependencia del ministerio de Desarrollo Social comandada por Daniel Arroyo. Su nombre fue consensuado para ocupar ese cargo por la mayoría de las organizaciones sociales.

Ninguno de los actores políticos y judiciales que llevan adelante las negociaciones con los usurpadores quieren que la situación se desmadre. Por esa razón, el gobernador Kicillof define con sus funcionarios el plan a presentar ante el magistrado. De todos modos, la Policía Bonaerense, la fuerza de seguridad que estará a cargo del desalojo por resolución judicial, ya realizó su propia evaluación del terreno: tomó fotos aéreas, estudió la superficie y hasta calculó que necesitará unos 500 efectivos para realizar la tarea encomendada.

Fue la Cámara de Apelaciones de La Plata la que ordenó el desalojo de las 100 hectáreas de tierras. El fallo establece que se podrá “recurrir al auxilio de la fuerza pública”, aunque exige expresamente “el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.

“Esta cautelar deberá llevarse a cabo atendiendo estrictamente las disposiciones pertinentes referidas a derechos humanos, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, puntualiza el fallo y destaca: “El desalojo colectivo deberá ejecutarse en fecha a determinar” por el juez de garantías de Cañuelas (por Martín Rizzo), “deberá ser en horario diurno” y no “en condiciones climáticas adversas”.

La orden está firmada por los camaristas Miriam Patricia Ermili, María Silvia Oyhamburu y Raúl Dalto. El magistrado tomó como propias cada una de esas recomendaciones que, como vienen encaminadas las negociaciones, parece que se postergarán.