Con el tiempo apremiando y los plazos de sesiones ordinarias casi agotados, la discusión por el Presupuesto 2025 se encuentra en un punto crítico. El oficialismo convocó a una reunión de la comisión para este martes con la intención de emitir dictamen, aunque enfrenta serias dificultades para reunir los votos necesarios. Los gobernadores provinciales, frustrados por la falta de respuestas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, han planteado la posibilidad de presentar un proyecto propio. Mientras tanto, desde la Casa Rosada aseguran que no les preocupa manejar las cuentas con un presupuesto prorrogado, lo que otorgaría al Ejecutivo mayor flexibilidad para redistribuir partidas según sus prioridades.

A pesar de algunos diálogos iniciales, el ritmo impuesto por el oficialismo en la discusión ha sido lento y marcado por respuestas escasas a los reclamos. «La propuesta de Presupuesto es la presentada por el Presidente de la Nación el 15 de septiembre», afirmó el legislador José Luis Espert, cerrando la puerta a modificaciones. La falta de avances concretos generó tensiones crecientes entre los gobernadores, quienes durante el fin de semana cruzaron mensajes y mantuvieron encuentros en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí, expresaron su malestar por la distribución desigual de recursos y la omisión de sus demandas en el proyecto oficial.

Entre los puntos principales reclamados figuran el cumplimiento de compromisos legales como las compensaciones a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias y las deudas pendientes del Consenso Fiscal 2017. Además, exigen la coparticipación del impuesto a los combustibles, la distribución equitativa del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la reducción de aportes a la estructura que reemplaza a la extinta AFIP. Sin embargo, estas demandas han sido rechazadas de manera tajante por Caputo, quien también insiste en incluir un régimen de compensación de deudas en el presupuesto, aunque los mandatarios desconfían de su implementación.

El oficialismo no solo enfrenta críticas desde la oposición. Gobernadores de Juntos por el Cambio aseguran que «es momento de ponerse de pie» y advierten sobre el favoritismo hacia mandatarios cercanos al gobierno, como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes habrían recibido un trato preferencial en la asignación de recursos. Desde el bloque del PRO, encabezado por Cristian Ritondo y bajo la supervisión de Mauricio Macri, se trabaja en un dictamen propio, mientras que la UCR y Encuentro Federal avanzan con sus propuestas alternativas.

La falta de consenso no solo podría frustrar la aprobación del Presupuesto, sino también reactivar el debate sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó el canje de deuda. Esta semana, la oposición planea una sesión especial en Diputados para reformar la ley de DNU y derogar el decreto, algo que no pudo concretarse la semana pasada debido a la falta de quórum, atribuida a la influencia de los gobernadores. Desde el Ejecutivo, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, advirtió que «los gobernadores deberían preocuparse por la aprobación del Presupuesto, porque así garantizan recursos, aunque los consideren insuficientes».

El presidente Milei, por su parte, no muestra apuro por destrabar el conflicto. Su estrategia parece ser responsabilizar a la oposición por las trabas institucionales, mientras mantiene abierta la opción de administrar con un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, un hecho sin precedentes en la historia reciente. «Si hay presión para un mayor gasto o se pretenden modificar los cálculos tributarios, el Gobierno no está preocupado porque se apruebe el Presupuesto», enfatizó Francos.

Ante este panorama, los gobernadores opositores evalúan romper filas con los bloques oficialistas en busca de mayores garantías para sus provincias. El próximo jueves será clave: si el oficialismo logra un dictamen de mayoría, el proyecto podría pasar al recinto y recibir media sanción antes del cierre del período ordinario. En caso contrario, la oposición redoblará esfuerzos para impulsar su agenda y evitar un nuevo año de incertidumbre presupuestaria. La tensión sigue escalando, y queda por ver si esta vez los gobernadores optarán por confrontar o nuevamente cederán ante las presiones del oficialismo.