La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados promete convertirse en un escenario de confrontación entre distintos bloques políticos. Los representantes de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza, Hacemos Federal e Innovación Federal han optado por consolidar alrededor de veinte propuestas sobre democracia sindical con el objetivo de emitir un dictamen positivo. En contraposición, los miembros de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda buscarán frenar esta iniciativa y lograr su rechazo.

El tema central de la discusión será el «Proyecto de Ley de Democracia Sindical», una propuesta de 18 artículos que apunta a modificar aspectos clave del sindicalismo actual. Aunque no altera el sistema de personería, introduce medidas significativas, como la eliminación de la reelección indefinida de los líderes sindicales, la prohibición de la cuota solidaria y el aseguramiento de la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los gremios. Además, exige la presentación de declaraciones juradas por parte de los sindicalistas y establece mecanismos destinados a «democratizar las obras sociales».

El «Proyecto de Democracia Sindical«, impulsado tanto por diputados opositores como oficialistas, irrumpirá en el escenario nacional en un contexto marcado por el creciente conflicto entre el Gobierno y ciertos sindicatos. Mientras algunos altos funcionarios de La Libertad Avanza buscan alcanzar una tregua con la CGT, surgen incertidumbres respecto a la postura que adoptará el Poder Ejecutivo. La gran pregunta es si el Gobierno permitirá que avance en el Congreso una propuesta que amenaza con desafiar directamente a la dirigencia de la CGT y al conjunto del poder sindical.

Las modificaciones propuestas en el proyecto buscan reformar la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, y van incluso más allá de lo planteado por el DNU 70 de Javier Milei. El texto, que unifica más de veinte proyectos relacionados con la democracia sindical, introduce cambios significativos. Un ejemplo es la inclusión de la prohibición de las cuotas solidarias, que son un mecanismo clave de financiamiento para los sindicatos mediante descuentos obligatorios establecidos en los convenios colectivos de trabajo a todos los empleados de un sector. Según la propuesta, “los gremios no podrán establecer, exigir ni imponer aportes a los trabajadores de manera obligatoria”, y se estipula que “cualquier tipo de descuento requerirá autorización expresa del trabajador, la cual podrá ser revocada en el momento que el empleado lo desee”.

El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el radical Martín Tetaz, tiene la responsabilidad de reunir el mayor número de apoyos posibles para lograr un dictamen de mayoría a favor del proyecto de Democracia Sindical. De los 31 integrantes de la comisión, Tetaz contaría con el respaldo de 18 diputados provenientes de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza, Hacemos Federal e Innovación Federal.

En el lado opuesto, el vicepresidente de la comisión, Sergio Palazzo, líder de la Asociación Bancaria, encabeza desde Unión por la Patria las gestiones para frenar el avance de un proyecto que inquieta al movimiento sindical. Según sus cálculos, tienen aseguradas las 12 firmas de los diputados de su bloque y confían en poder sumar el apoyo de Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda.

El «Proyecto de Democracia Sindical«, que fusiona diversas propuestas presentadas por Martín Tetaz, Verónica Razzini (PRO), María Eugenia Vidal (PRO), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Ricardo López Murphy, entre otros, establece que los sindicatos deben «garantizar la efectiva democracia interna«. Para ello, se proponen medidas como “la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales”, “la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos, siempre que estas hayan obtenido más del 3% de los votos válidos emitidos por sus afiliados”, y “el establecimiento de un código de conducta ética para afiliados y miembros de los órganos de dirección y administración”.

El proyecto también establece que “los mandatos de quienes integran los órganos de dirección y administración tendrán las mismas restricciones de extensión de período y cantidad de reelecciones que las exigidas para Presidente y Vicepresidente de la Nación”, y aclara que “se entiende por mandato completo desde el momento de su iniciación, independientemente de que hayan transcurrido los 4 años o menos”.

Asimismo, se estipula que los sindicatos “deberán admitir la libre afiliación” y que “para poder afiliar a un trabajador, deberán contar con su consentimiento expreso”. Sin embargo, la ley vigente (N° 23.551) ya garantiza el derecho de los trabajadores a “afiliarse, no afiliarse o desafiliarse” de los gremios.

Además, el proyecto incluye entre los requisitos para integrar los órganos directivos de los sindicatos “no tener inhibiciones civiles ni penales, ni condena penal firme”, y “presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días corridos desde la inscripción de su candidatura”, con la obligación de “actualizar anualmente” esa información y presentar una última declaración dentro de los 30 días hábiles desde que se deja el cargo. Se especifica que “la declaración jurada deberá contener el detalle de todos los activos del declarante, de su cónyuge, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero, debiendo consignarse el valor y la fecha de adquisición, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición”.

El proyecto también exige que los sindicatos “deberán implementar programas de integridad y transparencia, consistentes en reglas y procedimientos claros y públicos, así como acciones, mecanismos y procedimientos internos que promuevan la integridad, con el fin de asegurar un uso racional y eficiente de sus recursos”. Adicionalmente, se requiere que “el patrimonio de las asociaciones sindicales y su integración debe estar publicado de forma permanente y actualizada en medios electrónicos o cualquier otro medio de difusión de carácter público”.

Otro aspecto destacado en la iniciativa es “garantizar la presencia femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales”, especificando que “el cupo para cubrir la participación femenina en las listas de candidatos y su presencia en los cargos electivos y representativos del gremio no podrá ser menor a la proporción de mujeres afiliadas sobre el total de afiliados”. Además, se establece que “no podrá oficializarse ninguna lista que no cumpla” con estos requisitos.

En el apartado titulado “Democratización de Obras Sociales”, el proyecto sostiene que “todos los beneficiarios del Sistema de Obras Sociales podrán ejercer el derecho de opción, garantizando así la libre elección de la obra social”. Detalla que “los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de opción luego de permanecer 3 meses en la obra social correspondiente a la rama de su actividad” y que “los afiliados que hubieren cambiado de obra social deberán permanecer como mínimo 3 meses en ella y, vencido ese plazo, podrán volver a ejercer esa opción”. Además, se deroga el artículo 6 del Decreto 438/2021, que limitaba la opción de cambio a solo una vez al año durante el calendario.

Hace casi un mes, en una maratónica sesión de casi 9 horas, la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados escuchó a más de 40 oradores convocados para opinar sobre los 28 proyectos de ley que proponen transparencia y democracia en los sindicatos. Una de las voces más críticas fue la de Héctor Daer, cotitular de la CGT y representante del sector de Sanidad, quien cuestionó que “el único objetivo termine siendo el debilitamiento de las organizaciones sindicales” y advirtió que los proyectos “rozan derechos internacionales, nuestra Constitución y la jurisprudencia de la Corte”, además de tener “una mirada sesgada, prejuiciosa e inoportuna hacia el poder real de los trabajadores”.