El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, presentó un escrito ante la Justicia en el expediente que investiga una presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por alrededor de 19.300 millones de pesos. En su declaración, el dirigente rechazó cualquier irregularidad y reclamó el cierre de la causa.

Tapia expuso su postura ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. El titular de la AFA negó responsabilidad directa en las cuestiones tributarias de la entidad y sostuvo que la institución actuó dentro de la legalidad y cumplió con sus obligaciones formales ante el Estado.

En su descargo afirmó de forma “expresa, categórica y circunstanciada” que nunca tomó decisiones vinculadas con la retención o el no pago de tributos o recursos de la seguridad social. También indicó que la conducción de la AFA no ejecutó ni consintió ese tipo de maniobras.

El dirigente sostuvo que la asociación presentó las declaraciones juradas correspondientes sin ocultamientos ni distorsiones y remarcó que esas presentaciones no recibieron impugnaciones. Según su defensa, esa situación demuestra que la entidad no incurrió en conductas ilegales.

En el mismo escrito, Tapia planteó que su rol institucional no implica participación directa en la administración tributaria cotidiana. Explicó que las responsabilidades propias de la presidencia hacen imposible intervenir en los procedimientos burocráticos internos que llevan adelante otras áreas de la organización.

El titular de la AFA también cuestionó el nivel de exposición pública del expediente. En su presentación señaló: «No lo he constatado, pero estimo que ni la guerra que actualmente afecta a Israel y otros países ha tenido tantas menciones como esta cuestión».

La postura institucional de la AFA siguió la misma línea. La entidad difundió un comunicado luego de la indagatoria y sostuvo que la causa judicial nunca debió iniciarse.

En ese documento afirmó que «esta causa nunca debió ser promovida» y aseguró que la organización utilizó herramientas legales habilitadas por el propio Estado.

Además, el comunicado explicó: «La AFA presentó todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia».

La institución también criticó el accionar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que impulsó la denuncia. Según la entidad, el organismo omitió informar al juez que la normativa vigente contemplaba plazos y mecanismos para regularizar los pagos.

Desde la conducción del fútbol argentino reconocieron que algunos pagos no ingresaron en el plazo original, aunque aseguraron que la deuda quedó regularizada a través de pagos posteriores con intereses resarcitorios y sin sanciones punitivas.

En ese contexto, la AFA solicitó al magistrado que disponga la conclusión del proceso judicial y el sobreseimiento de los dirigentes investigados.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por ARCA en diciembre del año pasado. El expediente apunta a cinco dirigentes de la asociación por el presunto delito de retención indebida de tributos. La figura penal contempla penas de entre dos y cinco años de prisión.

Mientras el proceso continúa en el fuero penal económico, Tapia insistió en su defensa pública y reiteró que la institución se encuentra a disposición de la Justicia para aclarar cualquier aspecto del caso. Al mismo tiempo sostuvo que su prioridad permanece en la gestión deportiva y en el trabajo con los clubes del fútbol argentino.