El jury contra el fiscal José María Campagnoli volvió a verse afectado por otra inesperada suspensión, en este caso de la audiencia en la que debía definirse cómo continuará el juicio político en el que se definirá la destitución del funcionario público.

Tras la deserción de la jurado María Cristina Martínez Córdoba, quien la semana pasada pidió licencia médica por un pico de estrés, los integrantes del tribunal debían resolver esta tarde si designaban a un reemplazante de la jueza o si anulaban el juicio.

Luego de una larga deliberación –tras una reunión a puertas cerradas en la sede de la Procuración General de la Nación– el tribunal decidió pedir un cuarto intermedio hasta el viernes y levantó la audiencia que estaba prevista para las 16.

Al salir del Ministerio Público Fiscal, Ricardo Gil Lavedra –abogado defensor de Campagnoli– expresó su molestia por la "falta de previsión". "Me parece que esto tiene una gravedad institucional enorme, nos hemos sometido al proceso y ahora está en riesgo la continuidad misma del juicio", criticó.

El jurista remarcó que todas las suspicacias que rodean al proceso no son responsabilidad de su cliente y consideró que lo que sucede es "un papelón" porque lo que hay ahora es "una enorme incertidumbre, porque está suspendido el juicio y no hay ningún horizonte cierto para saber a qué atenernos".

El fiscal Campagnoli apareció minutos después en la puerta de la Procuración y se mostró sorprendido por esta nueva postergación del proceso. "Me llama la atención, me parece que después de más de 6 meses de estar suspendido, tengo derecho a un veredicto. No es mi responsabilidad ni de mis abogados que el juicio se suspenda", expresó visiblemente molesto.

Acompañado por decenas de personas que se acercaron a la puerta del Ministerio Público Fiscal para darle apoyo, el funcionario público disparó: "La lectura que hago es que este juicio es una farsa y que no hay elementos para condenarme. La acusación no se sostiene, nunca debió hacerse este juicio".

La letrada Martínez Córdoba representa a la Defensoría General de Nación y su voto era clave para desempatar al momento de la sentencia, pero pidió licencia por cuestiones de salud hasta el 12 de julio.

El jury está integrado ahora por Daniel Adler (Procuración), Ernesto Kreplak (Poder Ejecutivo), Rodolfo Ojea Quintana (por el Senado Nacional), Juan Octavio Gauna (por la Corte Suprema) y los letrados Javier Panero y Adriana Donato (Federación Argentina de Colegios de Abogados y Colegio Público porteño).

Todos ellos deberán resolver si incorporan al suplente designado por la Defensoría General –en reemplazo de Martínez Córdoba,pero que no estuvo presente en las audiencias previas: se trata de Luis Leonardo Miño, titular de la Defensoría Pública Oficial en lo Criminal Federal de San Martín, que pertenece al sector menos crítico del oficialismo y cercano a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

Si su nombramiento se concreta, habrá que reanudar las audiencias y definir si alguna de las partes objeta la cuestión, algo que se descuenta porque los abogados del fiscal suspendido plantearán que se está violando el derecho de defensa en juicio. Y si permanece, entonces habrá que mostrarle los videos de las audiencias previas para estar en condiciones de que se concrete el esperado momento de los alegatos.

Si su nombramiento no se concreta, el juicio se caerá tras diez días sin debate. Frente a eso, el jury deberá resolver convocar a un nuevo juicio y definir, en ese marco, si será con los mismos integrantes y si se podrá incorporar más prueba.

Ese jury en curso o uno nuevo deberá terminar antes de octubre porque en ese mes se cumplirá el plazo de 180 días que duraba la suspensión de Campagnoli. Si esa situación no se resuelve a tiempo, el letrado podrá volver a sus funciones de jefe de la fiscalía de Núñez-Saavedra.