El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, una de las patas más importantes del Gobierno, trabaja desde marzo en un borrador que será publicado como decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el que eliminará 60 organismos, facultad que le fue dada al presidente, Javier Milei, con la aprobación de la ley Bases.

Milei quiere avanzar con la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros. Las facultades extraordinarias le permiten eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente o cederlas a las provincias si lo solicitan.

Los organismos que quedaron fuera de la intervención presidencial son las universidades, las dependencias del Poder Legislativo junto a las del Judicial y el el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Esa es la tarea que tiene por delante Sturzenegger, que apunta a continuar con iniciativas tendientes a modificar la estructura del Estado. Una gran parte de esos planes se pusieron en marcha con el mega DNU y la ley aprobada en el Congreso de la Nación, en la que el ministro tuvo una incidencia fundamental. Ahora, preparan ahora el respaldo legal para argumentar la disolución de cada área.

El extitular del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri trabaja en conjunto con el vicejefe de gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal. «Queremos eliminar alrededor de 60 organismos que regulen áreas que no nos interesa intervenir. La idea es unificar algunos y reducir sus atribuciones», expresó al portal TN un funcionario sobre el DNU.

Además, el ministro quiere avanzar con la reducción del total de contratados estatales: ya los achicaron de 72.000 a 48.000 e insisten con desplazar a todos antes del 2026. Los despidos se ejecutan a través de revisión contractuales trimestrales.

En la ley Bases, el artículo 52 establece el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en estas áreas sujetas a eliminación o modificación: quedarán un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados en otro sector y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado.