Fuente: Infocivica

La falta de publicidad y de apertura en la selección de jueces de la provincia de Buenos Aires pone en tela de juicio la transparencia de estos procedimientos. Al menos así lo consideran diversas ONG que trabajan, desde distintas ópticas, en la búsqueda de conseguir una administración de justicia más democrática y participativa.

Se trata de el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Unión de Usuarios y Consumidores. Estas organizaciones acaban de presentar una carta en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, exponiendo su preocupación por la falta de transparencia en la selección de jueces, y adjuntando una serie de recomendaciones para remediar la situación actual.

Estas ONG, que además escribieron en conjunto los documentos “Una Corte para la Democracia”, han detectado concursos, donde los parámetros para corregir los exámenes de los candidatos a ocupar un puesto en la Justicia provincial serían poco claros. A su criterio, sería un indicio de la falta de transparencia en el procedimiento.

“Lo que hicimos fue solicitar que se establezcan pautas de publicidad y claridad. Actualmente, detectamos que se corrigen exámenes sin mostrar los fundamentos de la puntuación; tampoco explican los criterios sobre los que se basan para evaluar, y la apertura de sobres no se hace públicamente como debería ser… Lo que pedimos es, simplemente, que se cumpla con la normativa vigente, tanto provincial como nacional e internacional”, explicó Sidonie Porterie, subdirectora de INECIP, la ONG que organizó el envío de la carta.

Porterie se refiere al artículo 175 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y al artículo III.5 del Convenio Interamericano contra la Corrupción (CICC), que garantizan la transparencia y la publicidad de la toma de decisiones del Consejo. El primero establece: “Será función indelegable del Consejo de la Magistratura seleccionar los postulantes mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos predeterminados de evaluación…”. El segundo, señala: “Los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: (...) 5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas”.

“Las reglas existen para salvaguardar la independencia de la Magistratura, pero no se cumplen en el procedimiento de selección de jueces en la provincia, en el que no hay criterios de evaluación objetivos y predeterminados, tal como lo establecen los estándares compartidos internacionalmente”, agrega Varina Suleiman, coordinadora del Área Acción con la Justicia de Poder Ciudadano.

Para plantear estas inquietudes al Consejo de la Magistratura, las ONG se basaron en un caso concreto: el concurso que se desarrolla actualmente para cubrir el cargo de Fiscal General en el Departamento Judicial de San Martín. “Ya se hizo un primer concurso, en el que se presentaron 5 o 6 personas, y que fue declarado desierto, con el argumento de que ninguno alcanzó el puntaje necesario. El tema es que no se dio ningún fundamento acerca del resultado de las evaluaciones”, destaca Porterie.

Casualmente, en este concurso se presentó el ex fiscal adjunto de esta Fiscalía, Fernando Domínguez, quien, cuando estaba en ese cargo, denunció al intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, por corrupción política. Por ello, Domínguez fue sancionado disciplinariamente y desplazado de su cargo para ser designado en una Fiscalía de Primera Instancia que investiga delitos culposos… Su suerte quedó lejos de la posibilidad de seguir investigando casos de corrupción política. “La sospecha es que uno de los candidatos, patrocinado por intendentes comprometidos, no aprobó el examen y por eso declararon el concurso desierto”, dice Porterie.

Consultado por Infocívica, Domínguez contó que, pese a que pidió que se hicieran públicos los argumentos por los cuales no había aprobado el examen, no recibió respuesta alguna, y se volvió a llamar a concurso. “Sólo me informaron que en uno de los puntos del examen, en el que se aprueba con 40 puntos, yo obtuve un 38”, destacó.

Desde CELS, que trabaja desde hace años sobre la violación de derechos humanos registrados en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires, detectaron otros casos de falta de transparencia en la selección de jueces, y en la poca voluntad política (tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo) de permitir la intervención de organizaciones civiles en este procedimiento. “La sociedad tiene derecho de participar al menos en la discusión de qué perfiles de jueces son aptos para impartir justicia”, señaló Paula Litvachky, directora del Programa de Justicia Democrática de CELS.

En el informe anual de 2007 de CELS (que releva los trabajos de esta ONG en 2006), el apartado dedicado a la Justicia de la provincia de Buenos Aires destaca: “En 2006 se reformó la ley del Consejo de la Magistratura, Nº 11.868. El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado contemplaba que ‘los actos y las sesiones del Consejo serán públicas, debiendo el cuerpo adoptar las medidas necesarias para el acceso ciudadano’. Sin embargo, el Senado provincial eliminó esta propuesta y mantuvo el carácter secreto de las audiencias del Consejo”. El informe, que puede consultarse en el sitio www.cels.org.ar agrega otro detalle: “Tampoco se solucionaron las dificultades existentes para acceder a las actas y documentos del cuerpo”.

Con todos estos antecedentes, la carta elaborada por las ONG solicita al Consejo de la Magistratura provincial contemplar algunas pautas de transparencia: entre ellas, la publicidad de los criterios de evaluación y de los resultados de los exámenes; la apertura pública de los sobres que contienen los datos de los postulantes; la publicidad de la entrevista individual con cada uno de ellos, en el marco de una audiencia pública; la eliminación del carácter secreto de las reuniones del Consejo, en especial aquéllas en las que se aprueben las ternas; y la fundamentación y publicidad del voto individual de cada uno de los consejeros.