Martín Migueles llegó este lunes a los tribunales de Comodoro Py para presentar su defensa en la causa que investiga presuntas maniobras con permisos de importación y operaciones vinculadas al dólar blue durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. El financista entregó un escrito ante el fiscal federal Franco Picardi y buscó marcar distancia de las sospechas judiciales.

En su presentación, Migueles reconoció que participó como intermediario en gestiones vinculadas a importaciones, aunque rechazó cualquier vínculo con pagos ilegales a funcionarios públicos. “No le pagué a ningún funcionario público”, afirmó en uno de los pasajes centrales del descargo.

La investigación apunta a un circuito que, según la hipótesis judicial, utilizó autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para facilitar el acceso a dólares oficiales y luego obtener ganancias en el mercado paralelo. El expediente involucra a más de 50 personas y empresas y reconstruyó operaciones por al menos 900 millones de dólares.

Migueles sostuvo que su intervención tuvo un carácter estrictamente comercial. Explicó que Ariel Saponara le pidió ayuda para avanzar con un trámite de importación y señaló que su tarea consistió en conectarlo con un tercero conocido como “Pipo”. Según dijo, esperaba cobrar una comisión por esa referencia.

“Jamás intermedio en situaciones que sean contrarias a la Ley”, expresó. También afirmó que nunca trató de manera directa con funcionarios públicos ni con personas capaces de aprobar las SIRA bajo investigación.

Uno de los chats incorporados al expediente quedó bajo análisis de la fiscalía. En ese intercambio, Saponara consultó por contactos para liberar declaraciones de importación y mencionó retornos del 15%. Los investigadores sospechan que existió un esquema de pagos para agilizar autorizaciones oficiales. Según consta en la causa, esos porcentajes oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones.

El financista identificó a Héctor “Pipo” Caputto como su contacto en esa gestión y aclaró que desconocía eventuales pagos a terceros. Además, reconoció que conoce a una persona mencionada en los chats como “Pato”, aunque evitó revelar su identidad. Sobre la referencia a “La Señora”, indicó que se trataba de un vínculo de Caputto.

La prueba extraída de su teléfono celular se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación. Allí aparecieron conversaciones sobre SIRA, operaciones cambiarias y menciones a casas de cambio. La defensa de Migueles cuestionó el uso de ese material y reclamó acceso completo a la evidencia digital.

El abogado Yamil Castro Bianchi pidió verificar “la integridad de la extracción; la autenticidad de los chats; la autenticidad de los audios; la existencia o inexistencia de ediciones”. También sostuvo que “un teléfono celular no es un simple documento” y cuestionó el alcance del análisis judicial sobre el contenido del aparato.

Migueles además intentó despegarse de las sospechas sobre maniobras con el dólar blue. Respecto a ARG Exchange S.A., una firma bajo investigación, aseguró que la sociedad operaba dentro de las normas del Banco Central. “Yo no participé en una operatoria destinada a vender dólares en el mercado paralelo, eso debe quedar bien claro”, afirmó.

En el escrito también respondió sobre frases extraídas de conversaciones privadas, como “agencia para sacrificar” o “retiro de bille”. Según explicó, esos comentarios hacían referencia a operatorias de terceros y no a movimientos propios.

Otro tramo del descargo apuntó a desmentir el patrimonio que se le atribuye. Migueles negó ser dueño de relojes de lujo y sostuvo que los autos de alta gama que aparecieron en videos pertenecían a otras personas. Explicó que intentaba conseguir compradores para obtener una comisión o realizar un “revoleo comercial”.

También rechazó interpretaciones sobre un video grabado en Cancún, donde comentó que el dólar en Argentina estaba barato. Según dijo, la grabación no tuvo relación con operaciones financieras ni con maniobras ilegales.

El financista reconoció además problemas en su situación impositiva. “Quiero aclarar que no tengo declaraciones cerradas de varios períodos, cuestión que procuraré ordenar y aportar con mi defensa”, indicó.

Mientras la fiscalía profundiza el análisis del contenido de los teléfonos secuestrados y busca identificar a los funcionarios vinculados a las autorizaciones SIRA, Migueles dejó abierta la posibilidad de ampliar su defensa con nueva documentación y futuras presentaciones judiciales.