La infraestructura escolar cambió. Los municipios cambiaron. La gestión pública cambió. Quizás haya llegado el momento de preguntarnos si las instituciones encargadas de administrarla también deberían hacerlo.

Cada vez que una escuela tiene problemas de infraestructura, falta de gas, baños rotos, techos que se llueven o instalaciones eléctricas deficientes, ocurre exactamente lo mismo: los padres protestan frente al Municipio, le reclaman al Intendente como así también exigen respuestas al legislativo local.

Sin embargo, hay una pregunta que casi nadie se hace: ¿Quién tiene la responsabilidad sobre la infraestructura escolar?

La respuesta no deja lugar a dudas. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Provincial de Educación N° 13688 establecen que la educación es una responsabilidad del Gobierno Bonaerense, ejercida a través de la Dirección General de Cultura y Educación y de los organismos previstos para ese fin.

La propia ley dispone que los municipios sólo pueden desarrollar acciones educativas de manera complementaria y bajo supervisión provincial. También establece que la administración de la infraestructura escolar corresponde al sistema educativo provincial, en coordinación con los Consejos Escolares, y que el financiamiento educativo se rige por el marco previsto en la Ley Nº 26075.

No es una interpretación política, es el diseño institucional vigente.

Pero la realidad terminó recorriendo un camino completamente distinto. Lo que alguna vez pudo haber sido una solución institucional terminó convirtiéndose en una estructura que hoy merece ser evaluada con la misma seriedad con la que se evalúa cualquier política pública.

Durante décadas, por la demora de la Provincia para responder, por la cercanía con los vecinos y porque ningún Intendente quiere mirar para otro lado cuando una escuela no puede abrir sus puertas, los municipios comenzaron a intervenir cada vez más en reparaciones, mantenimiento, limpieza, obras, etc.

Lo hicieron para resolver problemas, para que los chicos no pierdan días de clase; porque las emergencias no esperan.

En los hechos, terminaron haciéndose cargo de responsabilidades que siguen siendo de la Provincia.

El propio Decreto PBA Nº 479/2025, al regular la distribución del Fondo de Financiamiento Educativo, confirma esa realidad: los municipios reciben recursos para intervenir en materia educativa e infraestructura escolar, pero la Provincia conserva la competencia, la conducción del sistema y las responsabilidades institucionales.

Es decir, se descentraliza parte del financiamiento, pero no la responsabilidad.

Acá comienza el verdadero problema. Muchos bonaerenses creen que las escuelas dependen del Municipio y no es así.

La Provincia conserva la competencia, pero la responsabilidad política cotidiana la termina absorbiendo el Municipio. Los Consejos Escolares conservan sus atribuciones, pero el costo político termina recayendo sobre el Intendente de turno, cualquiera sea su pertenencia política.

Es la vieja política del «yo no fui». Es un sistema donde las responsabilidades se superponen, las competencias se confunden y el vecino termina sin saber a quién reclamar.

En derecho administrativo existe el principio de quien tiene la competencia debe responder por ella. Cuando quien administra recursos, quien ejerce las competencias y quien recibe el reclamo ciudadano son actores distintos, desaparece la rendición de cuentas.

Y sin rendición de cuentas no hay buena administración pública.

Pero existe otro aspecto del que casi nunca se habla; en el Estado moderno no alcanza con preguntarse cuánto cuesta una política pública, también hay que preguntarse cuánto cuesta administrarla.

Una provincia eficiente no sólo debe prestar buenos servicios, también debe organizarse de la manera más simple y racional posible para hacerlo.

Cada estructura burocrática, cada nivel adicional de decisión y cada competencia superpuesta tienen un costo económico, administrativo y político que finalmente termina pagando el contribuyente.

Una Provincia mal organizada termina siendo también una Provincia más cara.

Es justamente entonces cuando tenemos que preguntarnos: ¿Los Consejos Escolares siguen teniendo sentido en el siglo XXI?

Ello no cuestiona a todas las personas que los integran. Existen consejeros escolares comprometidos y honestos.

El problema no son necesariamente las personas, el problema es el sistema y cuando el problema es el sistema, la solución no consiste en cambiar personas, sino en revisar instituciones.

Porque mientras los municipios fueron asumiendo cada vez más responsabilidades operativas, los Consejos Escolares conservaron una estructura burocrática pensada para una realidad que ya no existe; el resultado es un esquema con competencias superpuestas, decisiones compartidas, responsabilidades difusas y múltiples niveles administrativos para resolver un mismo problema.

Es decir, más burocracia, más expedientes, más demoras, más política… y menos soluciones.

Hoy los consejeros escolares llegan a sus cargos mediante listas partidarias. Eso significa que, en la práctica, demasiadas veces esos lugares terminan siendo ocupados por militantes, acuerdos políticos o devolución de favores.

Muchas veces son personas valiosas, pero demasiadas otras veces son personas que jamás administraron una escuela, nunca gestionaron infraestructura educativa, desconocen la normativa escolar, no saben interpretar un expediente técnico, no conocen de contratación pública, seguridad edilicia, mantenimiento preventivo ni de administración educativa.

Aun así, administran recursos públicos destinados al funcionamiento de cientos de establecimientos educativos.

Entonces, ¿por qué seguimos creyendo que la administración técnica de la infraestructura escolar debe depender de una elección partidaria?

Eso no fortalece la democracia. Confundir ambas funciones deteriora la calidad institucional.

Mientras tanto, aparecen iniciativas para que se pueda ser concejal con 18 años, para modificar el sistema electoral, para eliminar las PASO, etc. Perfecto, discutamos todo eso.

Pero resulta llamativo que casi nadie discuta quién administra miles de millones de pesos destinados a las escuelas o qué requisitos deberían reunir quienes toman esas decisiones.

Ese silencio revela mucho sobre las prioridades de la vieja política, por eso llegó el momento de impulsar una reforma profunda, no cosmética, una verdadera transformación institucional.

Debemos avanzar hacia un modelo mucho más simple, profesional y transparente.

Por eso corresponde abrir el debate sobre la conveniencia de mantener el actual mecanismo de integración de los Consejos Escolares.

Si el sistema mantiene organismos especializados, sus integrantes deberían acceder exclusivamente mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, con experiencia comprobable en administración educativa, infraestructura, contratación pública y gestión.

Su permanencia debería depender del mérito, del desempeño y de resultados medibles; no del partido político, no del Gobernador, no del Intendente, como tampoco del dirigente de turno.

La representación política es indispensable para gobernar, la idoneidad técnica es indispensable para administrar; aún más, si los municipios ya intervienen de hecho cotidianamente en la infraestructura escolar, si administran recursos educativos, si son quienes reciben los reclamos de los vecinos y si cuentan con áreas técnicas propias, entonces corresponde abrir un debate mucho más profundo:

¿Tiene sentido mantener una estructura política intermedia como los Consejos Escolares o sería más eficiente que esas funciones operativas fueran asumidas por un área técnica municipal especializada o por cualquier otro modelo que el estudio demuestre más eficiente, sujeto a estrictos mecanismos de control, auditoría y rendición de cuentas ante la Provincia?

No se trata de municipalizar la educación. La educación puede y debe seguir siendo una competencia provincial, lo que se propone es discutir si la gestión administrativa y edilicia necesita seguir pasando por un organismo político elegido por listas partidarias o si conviene reemplazar ese esquema por estructuras técnicas, profesionales y claramente responsables ante los organismos competentes.

Menos burocracia, menos cargos políticos, menos estructuras superpuestas y más eficiencia, más transparencia y más responsabilidad.

El debate está plenamente alineado con una idea que hoy atraviesa a la Argentina: un Estado que haga mejor lo que realmente debe hacer, eliminando duplicaciones, profesionalizando la gestión y revisando organismos cuya utilidad merece ser evaluada a la luz de la realidad actual.

La propuesta podrá considerarse extrema, pero es exactamente lo contrario.

Extremo es que haya escuelas que suspendan clases porque nadie sabe quién debía arreglar una pérdida de gas, extremo es que las responsabilidades se diluyan entre Provincia, Municipios y Consejos Escolares; extremo es que los vecinos no sepan a quién reclamar, extremo es que la Provincia sostenga estructuras cuya eficacia nadie se anima a discutir simplemente porque «siempre funcionaron así».

Hablamos de una Provincia eficiente. Pero una Provincia eficiente no consiste solamente en gastar menos; consiste también en eliminar estructuras innecesarias, reducir burocracia, simplificar procedimientos, exigir idoneidad y garantizar que cada organismo tenga una función clara, útil y controlable.

La idoneidad no puede seguir siendo un principio meramente declarativo del Artículo 16 de la Constitución Nacional, debe convertirse en la regla para ocupar cualquier cargo técnico dentro de la administración pública.

La escuela pública merece ser administrada por los mejores. No por los más amigos, ni por los más militantes, ni por quienes buscan un cargo para iniciar una carrera política.

Quizás haya llegado el momento de asumir algo que la política evita discutir desde hace décadas: no todos los organismos deben permanecer intactos simplemente porque existen desde hace mucho tiempo.

Cuando la realidad cambia, los organismos también deben cambiar y cuando una estructura pública deja de aportar valor, duplica funciones o dificulta que los ciudadanos sepan quién es responsable de cada decisión, el verdadero acto de responsabilidad no es conservarla, es tener el coraje de evaluarla y generar el debate para, si la realidad así lo demuestra, reformarla.