La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se ocupó de dos temas particulares: El pedido de los vecinos porteños para frenar los emprendimientos inmobiliaros en Costa Salguero y la aprobación de cambios en la VTV.

Por un lado, más de 53 mil firmas ciudadanas fueron las recaudadas para lograr parar el proyecto pero no fue suficiente para los y las legisladoras del oficialismo porteño. La primera Iniciativa Popular de la historia en llegar a la Legislatura fue rechazada por el interbloque de Juntos por el Cambio, acompañados por los y las legisladores de La Libertad Avanza referenciados en Javier Milei, que dejó así en pie la ley que habilita la construcción de edificios en parte de los terrenos ribereños de Costa Salguero. La iniciativa, que buscaba derogar esa norma y destinar todo el predio a un gran parque público, quedó archivada al filo del plazo establecido por ley y sin debate en comisiones.

«Con 37 votos negativos y 20 afirmativos, se archiva el asunto«, anunció pasadas las 15.30 del jueves el vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario.

El proyecto de privatización, a su vez, sigue frenado por la Justicia a la espera de la decisión del Tribunal Superior (TSJ): “Esperemos que el TSJ no esté esperando esto para sacarse de encima este tema”, advirtieron desde el Frente de Todos (FdT), mientras que las organizaciones aseguraron que los argumentos del oficialismo en la sesión «fueron pobrísimos».

La ley de rezonificación del predio, aprobada en diciembre del año pasado pese al mayoritario rechazo expresado en la audiencia pública más masiva de la historia de la Legislatura, establece que un 22,5 por ciento de Costa Salguero puede ser destinado a la construcción de edificios privados. Esa ley se instituye sobre otra norma, la aprobada en diciembre de 2019, que habilita al GCBA a vender terrenos del predio y que fue declarada inconstitucional dos veces por la Justicia.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, organización que presentó el amparo que condujo al fallo que mantiene frenada la venta, advirtieron que la ausencia del debate previo es inconstitucional «porque no se cumplió con la convocatoria a audiencia pública obligatoria prevista en el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad».

Por otro lado, la Legislatura aprobó algunos cambios para la verificación técnica obligatoria (VTV) para automotores particulares y motovehículos. Por ejemplo, antes debía realizarse después de los tres años de antigüedad de las unidades, ahora deberá realizarse en adelante una vez cumplido el cuarto año, siempre que el rodado no haya superado los 60.000 kilómetros.
A su vez, la revisión anual pasa a ser bianual (cada dos años) hasta el octavo año de antigüedad desde la fecha de patentamiento, siempre que el vehículo haya rodado 80.000 km. como máximo, con una tolerancia de 4.000 km. más.

La norma también dispone que el trámite pasará a ser gratuito para jubilados y pensionados o mayores de 65 años cuyos ingresos regulares no superen el equivalente a dos jubilaciones mínimas, y para personas con discapacidades acreditadas con certificado del GCBA.
En cuanto a las personas con discapacidad, el beneficio incluye a “padres o tutores, los descendientes, cónyuge y la pareja conviviente de persona con discapacidad, esta última con la acreditación de dos años de convivencia con la persona discapacitada. En todos los casos el vehículo debe estar destinado al uso de la persona con discapacidad”.
Por otra parte, la ley sancionada autoriza “al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, a instrumentar las adecuaciones que pudieran resultar necesarias en los contratos vigentes para la prestación del servicio de VTO”. Aclara la norma que, “en ningún caso los procedimientos establecidos por el presente autorizan a las concesionarias a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones”.
La norma se aprobó con 37 votos de VJ, UCR, LLA, RU y PS. Se abstuvieron los bloques FdT e izquierdas.