Senadores opositores apuntaron contra el Gobierno por "instalar la censura previa"

Los hechos que se desencadenarán luego de que el Gobierno nacional consiga un «bozal» legal contra la difusión de audios protagonizados por Karina Milei no se pueden cuantificar aún, pero la primera reacción ya está a la vista. A las críticas de juristas y periodistas, se le sumó la de miembros de los bloques peronistas y radicales del Senado, que apuntaron contra la vulneración del artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza «publicar sus ideas por la prensa sin censura previa».

Fue así que los miembros de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado encabezaron una conferencia de prensa en donde aseguraron que este miércoles a las 18 horas se reunirán oficialmente para determinar interpelaciones a funcionarios. «Es un gobierno acostumbrado a generar cortinas de humo para tapar problemas más graves», planteó la titular del espacio, la senadora Carolina Moisés. La convocatoria de la jujeña se diferencia con la actitud de su par en Diputados, la libertaria Emilia Orozco, quien paralizó la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. Como respuesta, legisladores opositores se autoconvocaron para este martes a la tarde.

«El primer gobierno liberal libertario de la historia va a instalar la censura previa«, agregó el radical Martín Lousteau, quien contrastó el fallo que avaló las agresiones del presidente Javier Milei contra el niño Ian Moche -amparado en la «libertad de expresión»– con la actual situación, en donde se pone en tensión la garantía sobre la reserva de la fuente y la definición jurídica de interés público. Además apuntó contra el DNU 383/2025, que reformó la Policía Federal Argentina y la dotó de la atribución de concretar requisas sin control judicial ni parlamentario.

Desde el peronismo, el senador Mariano Recalde, señaló que «instalar de nuevo en la Argentina la censura previa es un límite más que se traspasa» y planteó la hipótesis de una interna: «Resulta extraño que haya sido alguien por fuera del oficialismo el que haya hecho esas grabaciones». También criticó que el Consejo de la Magistratura sólo tuvo dos sesiones de orden burocrático en lo que va del año, en simultáneo a las seis denuncias que recaen sobre el juez Alejandro Maraniello, quien redactó el fallo para permitir el allanamiento a dos periodistas, un dirigente deportivo y un abogado.

Sobre el cierre de la conferencia, una pregunta retomó una publicación en redes sociales del diputado Martín Menem: «Ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados«. La respuesta de los senadores fue con sorna. «Es una más de las contradicciones de este gobierno, que es el mas verborrágico de la historia pero hace 10 días no dice nada de las denuncias por corrupción y las muertes por fentanilo», contestó Lousteau. Minutos después del mensaje de Menem, Javier Milei y Patricia Bullrich ratificaron la postura oficialista en X, asociando a los periodistas involucrados con una red de espionaje.

Casos de violencia a la prensa

Uno de los objetivos de la Comisión de Libertad de Expresión sería constituir un Observatorio de Derechos y Garantías de la Prensa para reunir casos de censura y ataque a periodistas desde el Senado de la Nación. Existe un informe similar, realizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), quien reveló que hasta septiembre del 2025 hubo 217 ataques a la libertad de prensa: 167 ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires y 111 provienen del Presidente de la Nación. Esa cifra supera ampliamente los 179 casos registrados en todo el 2024 (105 ocurridos en la Capital, 56 por parte del Presidente). En simultáneo, son un 53% más que el 2023 (117). Tanto en en el 2025 (88 denuncias) como en el 2024 (75) los principales objetivos de los ataques fueron los trabajadores periodísticos de la televisión.

Por su parte, el mapa mundial realizado por Reporteros Sin Fronteras -con criterios de marco jurídico, de seguridad y económico) señaló que Argentina bajó del puesto 66 al 87 -de 180 países- en índice de libertad de expresión, por debajo de países de la región como Uruguay (59°), Brasil (63°), Chile (69°) y Paraguay (84°).

Entre sus fundamentos consideran las agresiones directas a periodistas de distintas posturas ideológicas (incluyendo denuncias, restricciones e insultos), la agresión de efectivos de seguridad a movileros televisivos y fotoperiodistas (con la internación de Pablo Grillo o el ataque al doble ganador del Pulitzer, Rodrigo Abd, como casos más emblemáticos) o la reforma en la ley de acceso a la información pública, que terminó con la destitución de la encargada del área una vez que fue crítica con la modificación.

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