En la sesión del Senado de la Nación, la oposición de Unión por la Patria (UxP) introdujo el debate sobre la deuda pública del país, repudiando el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846, emitido por el presidente Javier Milei. Este decreto permite al Poder Ejecutivo Nacional realizar canjes de deuda sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera, eludiendo así las atribuciones constitucionales del Congreso.

Previo al tratamiento de un proyecto de ley relacionado con el Registro Nacional de Datos Genéticos, el presidente del interbloque de UxP, José Mayans, solicitó una cuestión de privilegio para criticar al presidente Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. “Están pensando en un canje de deuda lesivo para los intereses nacionales”, afirmó, destacando que este procedimiento “viola la Constitución Nacional porque son atribuciones exclusivas del Congreso el manejo de la deuda externa e interior”.

Por su parte, diputados y senadores de UxP, en conferencia de prensa, también manifestaron su rechazo al DNU 846 y exigieron la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa. Germán Martínez, jefe del bloque de diputados, expresó que “nuestro espacio político no va a reconocer ningún tipo de proceso de canje de deuda, formal o informal, que se haga en el marco de este DNU”. Además, subrayó que la medida pretende «modificar el artículo 65 de la Ley 24156 para favorecer a los bonistas en detrimento del pueblo argentino».

Mayans, quien fue uno de los principales expositores ante la prensa, denunció que este decreto busca favorecer a un grupo específico de intereses financieros. “Es una acción solapada de negocios que está haciendo Caputo, como ya lo hizo en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, para cubrir operaciones que resultaron en la fuga de millones de dólares y un incremento en la deuda del país”. Asimismo, advirtió que “vamos a desconocer todo trato que se realice fuera de la Constitución, de la Ley de Administración Financiera y del Presupuesto Nacional”.

El rechazo al DNU 846 no es el primer desafío parlamentario para el Gobierno de Milei. Hace dos semanas, la oposición logró vetar otro decreto que otorgaba 100 mil millones de pesos a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), siendo esta la primera vez en la historia que el Congreso revoca un DNU. La norma actual permite reestructurar deudas sin cumplir con las condiciones legales que exigen mejorar los plazos, montos o tasas, lo cual ha generado preocupación en varios sectores políticos y sociales.

Durante la sesión, además, se declaró al 15 de noviembre como el Día de la Memoria de los 44 tripulantes del ARA San Juan. El senador Sergio Leavy señaló: “Los familiares pedían este día, es un acto que honra a estos héroes”. También se acordó tratar la declaración de emergencia en las zonas de Córdoba afectadas por los incendios, una propuesta impulsada por los senadores Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.

En el contexto del debate por el Presupuesto 2025, Martínez criticó la falta de transparencia del gobierno actual, señalando que «es difícil hablar de déficit cero sin considerar la deuda». Recordó que esta estrategia se repite con los mismos personajes que en el pasado, como en 2001 y 2018: “Los mismos actores, las mismas recetas”, refiriéndose a Caputo y Sturzenegger.

Mayans también enfatizó que la deuda se incrementó en 81 mil millones de dólares en solo ocho meses, alcanzando los 458 mil millones de dólares, un crecimiento alarmante desde diciembre pasado. “Estamos ante una administración económica sumamente perjudicial para los argentinos”, subrayó, exigiendo la presencia de Caputo en las comisiones para explicar este incremento.

Finalmente, el senador de UxP concluyó advirtiendo que “vamos a exigir el urgente tratamiento de este DNU en la comisión bicameral legislativa y, cumplidos los plazos, vamos a ir al recinto a pedir el rechazo”. Los legisladores de la oposición han dejado en claro que no permitirán que el Gobierno avance con esta medida que consideran inconstitucional y perjudicial para el país.