El bloque de Unión por la Patria busca reunir 37 senadores para rechazar medidas clave del Gobierno. La oposición evalúa una autoconvocatoria, mientras el oficialismo apuesta a demorar la sesión hasta después de las elecciones.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, confirmó que busca garantizar la presencia de 37 legisladores en la sesión prevista para este jueves. Con ese número, la Cámara alta podría avanzar en el rechazo de varios decretos firmados por Javier Milei. El movimiento representaría un nuevo golpe legislativo para la Casa Rosada.
Referentes del peronismo en la Cámara aseguraron que se encuentran cerca de reunir el quórum. Dentro del sector más alineado con Cristina Kirchner, adelantaron que la totalidad de los senadores del bloque estará presente. Sin embargo, la propia interna peronista asoma como un posible obstáculo: el espacio cuenta con 34 integrantes y 14 de ellos finalizan su mandato en diciembre. Muchos buscan renovar su banca, pero todavía no tienen garantizado un lugar en las listas. El cierre de candidaturas nacionales vence este domingo, lo que genera presiones internas.
Para sesionar, el peronismo necesita sumar al menos tres votos de otros espacios. La Unión Cívica Radical, con 13 senadores, realizó una reunión por videoconferencia este lunes y volverá a encontrarse este martes en el Senado para definir una postura común. En el PRO y en sectores de la UCR prevalece la idea de postergar la discusión hasta la semana próxima, aunque algunos legisladores podrían desmarcarse.
El radical fueguino Pablo Blanco, cuyo mandato vence en diciembre y busca continuar en la Cámara, expresó que se opone al decreto que disolvió Vialidad Nacional y a los que modificaron la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). También se especula con que la senadora Guadalupe Tagliaferri y el radical Martín Lousteau, críticos del oficialismo, podrían facilitar el quórum.
La Cámara de Diputados ya rechazó varios decretos en la última sesión: el 462/25, sobre cambios en el INTI y el INTA; el 351/25, que redujo la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos; el 340/25, que aplicó un régimen de excepción a la Marina Mercante; el 461/25, que disolvió Vialidad Nacional; y el 345/25, que reestructuró organismos culturales. Estas medidas continúan vigentes hasta que el Senado adopte la misma decisión.
La estrategia opositora apunta a repetir el esquema de la autoconvocatoria, utilizada un mes atrás para aprobar la suba de jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. En este caso, si logran que se sienten 37 senadores, iniciarán la sesión sin pedir un llamado formal, ya que estiman que la vicepresidenta Victoria Villarruel demoraría la convocatoria.
Aunque varios bloques y hasta sectores del oficialismo reconocen la legalidad de la autoconvocatoria, el Gobierno cuestionó el mecanismo en la última oportunidad. Desde el oficialismo y entre aliados también trabajan para evitar la sesión. “No tenemos que ser parte de la campaña del kirchnerismo”, advirtió un senador, quien propuso postergar el tratamiento de los decretos hasta después de las elecciones de octubre.
Mientras tanto, el Senado todavía no recibió desde Diputados los proyectos que obtuvieron media sanción la semana pasada sobre financiamiento educativo y la situación del Hospital Garrahan. Hasta que no ingresen formalmente, no podrán ser tratados, lo que favorece la estrategia de dilatar los debates.
