Tras el fallido intento del Gobierno de completar la Corte Suprema y el revés opositor sufrido en abril, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado retomarán esta semana la, por ahora, demorada discusión sobre la integración y la cuestión de género en el máximo tribunal del país. Este debate se suma a la reactivación de la Cámara alta, que lleva cerrada desde mayo. El jueves será el turno del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien deberá brindar un informe de gestión y enfrentarse tanto al kirchnerismo como a sectores dialoguistas que ya no se muestran tan complacientes con la Casa Rosada.

La comisión clave en este tema es la de Asuntos Constitucionales, que lidera la senadora del peronismo disidente Alejandra Vigo. Sin embargo, varios legisladores que integran esa comisión y la de Justicia no terminan de confiar en su conducción. La desconfianza surge por los mensajes ambiguos que envía el Ejecutivo y algunos de sus asesores sobre la verdadera voluntad de impulsar una ampliación de la Corte Suprema o, en cambio, dejar el debate para más adelante. Algunos incluso perciben que la legisladora responde a los intereses del oficialismo libertario.

En el Senado hay proyectos que proponen incrementar la cantidad de jueces en la Corte Suprema, llevándola de cinco a siete, nueve e incluso quince integrantes. Este último número remite a la iniciativa que aprobó el Frente de Todos en 2022, que luego quedó archivada en Diputados. Ni hablar de la anunciada reforma judicial de 2020, que terminó en un escándalo legislativo durante la gestión de la entonces vicepresidenta y hoy condenada Cristina Kirchner, con modificaciones improvisadas en pleno recinto, como si se tratara de un borrador de trabajo práctico.

A fines de mayo, las comisiones realizaron una primera reunión informativa, aunque el proceso sigue generando más interrogantes que certezas. En esa ocasión, un sector de la oposición dialoguista manifestó su preocupación por el efecto que podría tener la incorporación frecuente de conjueces sobre la jurisprudencia histórica del máximo tribunal.

«Si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Cuál es el riesgo? Uno, es el aumento o dilación de las soluciones; y la otra, más grave, al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas», advirtió el senador peronista disidente Juan Carlos Romero, integrante del interbloque Provincias Unidas y colega de Vigo.

Romero también sostuvo: «Hay algunos que dicen que aumentar el número genera inseguridad. Es posible, pero más grave es el hecho de que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles. Y, sin justicia previsible, vamos a tener un riesgo de inseguridad para mucha gente».

El dato llamativo de ese encuentro lo aportó el kirchnerismo a través del jefe del Frente de Todos, el experimentado formoseño José Mayans, quien pidió directamente que se remuevan a los tres actuales jueces de la Corte Suprema, argumentando que «no están a la altura de las circunstancias». Semanas más tarde, el máximo tribunal dictó una condena contra la líder política de su espacio.

Poco después, el propio Mayans declaró: «Vamos a trabajar el tema de la Corte para tener siete miembros. Vamos a acompañar la paridad en género de la Corte, queremos un mínimo del 40% de mujeres». Esa postura coincide con algunas propuestas ya presentadas, aunque conseguir las firmas necesarias para dictaminar no parece sencillo, sobre todo porque se prevé que las audiencias se prolonguen, al menos, hasta fines de agosto.

Para el miércoles, a las 11 de la mañana, se convocó a representantes de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, del Colegio Público de Abogados y a especialistas en derecho constitucional. En tanto, el jueves, a la misma hora, Francos se presentará en el recinto.