El gobierno de Javier Milei enfrenta dificultades para conseguir los votos necesarios que permitan la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Si no surge una estrategia que lo impida, la administración libertaria podría sufrir un serio revés político el próximo jueves al mediodía, cuando el Senado, según lo dispuesto por la vicepresidenta Victoria Villarruel, sesione para tratar ambas nominaciones.

Desde la Casa Rosada se mantiene la postura de no intercambiar votos por cargos, tal como exige el kirchnerismo. Ante este escenario, algunos sectores del Senado que mantienen una comunicación fluida con el oficialismo han comenzado a evaluar posibles maniobras para impedir que la sesión se concrete. Entre las opciones que se barajan, se contempla la posibilidad de que la reunión fracase por falta de quórum o que se postergue la convocatoria. Una tercera alternativa, por ahora descartada, sería que el Poder Ejecutivo retire los pliegos.

La idea de aplazar el debate fue impulsada por el senador peronista correntino Carlos Espínola, quien lidera el bloque Las Provincias Unidas y mantiene un canal directo con el asesor presidencial Santiago Caputo. Espínola transmitió la propuesta a la vicepresidenta, pero la respuesta de Villarruel fue que no puede tomar esa decisión por iniciativa propia, sino que debe ser solicitada por varias bancadas para que pueda llevarse adelante.

A solo tres días de la sesión, un lapso que en la dinámica de la política argentina puede parecer una eternidad, la candidatura de Ariel Lijo enfrenta al menos 30 votos en contra. La situación de Manuel García-Mansilla es aún más compleja, ya que la totalidad de la bancada peronista de Unión por la Patria, compuesta por 34 senadores, se muestra decidida a rechazar su designación. A estos votos se sumarían algunos más de otros bloques.

 

Si el escenario no cambia, el desenlace de este proceso podría ser tanto conflictivo como definitivo, poniendo fin a la disputa iniciada en mayo del año pasado, cuando el Gobierno presentó los pliegos de ambos candidatos para completar la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial. Lijo fue propuesto para ocupar el puesto vacante desde la renuncia de Elena Highton en 2021, mientras que García-Mansilla fue postulado anticipadamente para suceder a Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló a finales de diciembre.

La Constitución establece que para que un juez de la Corte sea aprobado se requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los senadores presentes en la sesión. Sin embargo, desde otra perspectiva, basta con que 25 legisladores –un tercio más uno del total de los 72 miembros del Senado– voten en contra para bloquear cualquier nombramiento.

Este mecanismo ya fue utilizado en 2015, cuando Cristina Kirchner se vio obligada a retirar la postulación de Roberto Carlés, luego de que 25 senadores de la oposición firmaran un compromiso para impedir que un gobierno en su último año de gestión pudiera designar un juez en el máximo tribunal.

Según el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), al menos 20 senadores están decididos a rechazar la candidatura de Lijo, argumentando que aceptó ser nombrado juez de la Corte por decreto del Poder Ejecutivo. Por su parte, en conversaciones con otros legisladores, la senadora bonaerense Juliana Di Tullio eleva esa cifra a 24 rechazos, según confiaron fuentes peronistas.

 

Desde un principio, el kirchnerismo nunca consideró la posibilidad de apoyar la designación de Manuel García-Mansilla, y su rechazo se intensificó aún más luego de que se convirtiera en juez supremo “en comisión”. Se prevé que, salvo alguna excepción, la bancada de Unión por la Patria rechace en bloque su postulación.

En el caso de Ariel Lijo, su nombramiento sigue sin concretarse, ya que la Corte Suprema le impidió jurar hasta que renuncie a su cargo como juez federal en Comodoro Py. Sin embargo, el sector más duro del kirchnerismo sigue alineado con la estrategia de la presidenta del Partido Justicialista, quien busca forzar al Gobierno a negociar. Como condición mínima, exige que se garantice un puesto en la Corte para una mujer afín a los intereses de la exmandataria. Ante la falta de respuesta a esta demanda, la intención es rechazar ambos pliegos y hacer que el proceso vuelva a “fojas cero”.

A los 20 senadores kirchneristas dispuestos a votar en contra de Lijo, se suman al menos tres legisladores radicales que ya manifestaron públicamente su oposición a la candidatura del magistrado: Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Carolina Losada (Santa Fe) y Martín Lousteau (Capital).

El bloque del PRO también aportaría cuatro votos en contra, provenientes de Alfredo De Angeli (Entre Ríos), Martín Goerling (Misiones), Luis Juez (Córdoba) y Guadalupe Tagliaferri (Capital). A ellos se suma la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, quien anticipó su rechazo, aunque su cercanía con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, podría llevarla a reconsiderar su postura o, al menos, a sumarse a la estrategia de no dar quórum.

Con estas adhesiones, los votos en contra de Lijo llegarían a 30. A esta cifra podría sumarse el de la senadora Alejandra Vigo, integrante del bloque Las Provincias Unidas. Esposa del exgobernador Juan Schiaretti, Vigo ha manifestado públicamente su oposición a la designación de jueces por decreto y se espera que vote en contra de ambos pliegos.

 

En el caso de Manuel García-Mansilla, además de los 34 senadores de Unión por la Patria, también se sumarían Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri. Ambos legisladores facilitaron la aprobación del dictamen del catedrático en la Comisión de Acuerdos con el único objetivo de permitir que su pliego llegara al recinto, donde planean rechazarlo. La senadora porteña, de hecho, calificó la maniobra como una estrategia “al filo de la Constitución”, señalando que buscaba sortear la decisión de la Cámara alta.

Estos datos son bien conocidos por el oficialismo y sus aliados, quienes en reiteradas oportunidades los hicieron llegar a la Casa Rosada. De hecho, el cordobés Luis Juez, amigo personal de Javier Milei, fue el primero en sugerir al Gobierno que retire los pliegos para evitar una derrota en el Senado. Una recomendación similar hizo el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi (Corrientes), aunque con otro objetivo: evitar que varios de sus compañeros de partido, que apoyan la candidatura de Ariel Lijo de manera discreta, se vean obligados a pronunciarse públicamente en el recinto. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno ha optado por no responder a estas advertencias.

Ante este panorama, en sectores cercanos al oficialismo comenzó a circular la posibilidad de que la sesión se caiga por falta de quórum. En este sentido, algunas voces señalaron a los cuatro senadores de Unión por la Patria que recientemente conformaron un nuevo bloque como posibles responsables de la maniobra. Sin embargo, uno de esos legisladores desestimó la especulación y fue tajante: “Que se olviden de eso, vamos a ser los primeros en bajar al recinto”.