El Tercer Informe de Monitoreo de la Represión, elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), reveló un incremento exponencial en el uso de la fuerza estatal durante la gestión de Javier Milei y Patricia Bullrich. El organismo, presidido por Adolfo Pérez Esquivel, sistematizó el accionar de las fuerzas de seguridad entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, detectando un patrón de violencia institucional sostenida.

Según los datos estadísticos oficiales del relevamiento, en 2025 la represión alcanzó al 43% de las movilizaciones monitoreadas, lo que representa el doble de lo registrado en 2024, cuando la intervención violenta afectó al 28% de las marchas. La CPM advierte que este aumento no responde a episodios excepcionales, sino a una modalidad de intervención estatal extendida y planificada que naturaliza el uso de la fuerza.

La violencia institucional derivó en un total de 2.585 personas heridas en el periodo analizado. En 2025, la cifra de lesionados ascendió a 1.369 personas, lo que implica un incremento interanual del 13%. El informe destaca que la represión impactó con especial saña en sectores vulnerables; las lesiones en jubilados se cuadruplicaron, pasando de 42 heridos en 2024 a 155 en 2025, principalmente durante las protestas frente al Congreso.

El monitoreo también detalla que los ataques a trabajadores de prensa casi se duplicaron, con 184 víctimas en 2025 frente a las 98 del año anterior. Entre los casos de mayor gravedad institucional se destaca el del fotorreportero Pablo Grillo, herido por el gendarme Héctor Guerrero.

Las detenciones arbitrarias mostraron un alza del 77%, con 165 arrestos documentados en 2025 frente a los 93 del periodo previo. La mayoría de estas capturas se produjeron durante la desconcentración de las marchas bajo imputaciones genéricas como resistencia a la autoridad o atentado. Según la CPM, entre los detenidos hubo jubilados, periodistas, vendedores ambulantes y personas en situación de calle.

El documento denuncia la persistencia de tareas de inteligencia ilegal en el 69% de los operativos, con agentes sin uniforme filmando y fotografiando manifestantes. Además, se destaca que el 78% de los operativos incluyó la portación de armas con balas de plomo, una práctica prohibida por estándares internacionales. El informe concluye que existe una política diseñada para limitar la expresión de la disidencia y una preocupante ausencia de investigaciones judiciales sobre el uso excesivo de la fuerza.