Uno de los puntos más polémicos de la causa son las grabaciones que comprometerían a Spagnuolo. D’Alessandro denunció que estos audios fueron obtenidos de forma ilegal y están «deliberadamente falsos», afirmando que poseen 18 microcortes y que podrían haber sido modificados mediante inteligencia artificial. Según el letrado, estas piezas son parte de una operación de inteligencia para alterar el orden constitucional.

Por su parte, el fiscal federal Franco Picardi ha solicitado una prueba de voz para determinar si las grabaciones son auténticas. D’Alessandro destacó que el mismo fiscal parece dudar de la prueba, ya que en sus puntos de pericia pide verificar si son verdaderos o falsos. “La responsabilidad de Spagnuolo no se puede imputar por unos audios que son falsos”, remarcó el abogado defensor.

A pesar de la denuncia y el procesamiento, D’Alessandro aclaró que Diego Spagnuolo no fue echado del Estado por el presidente Javier Milei. Según explicó, se dictó un decreto para limitar sus funciones mientras se resuelve la investigación penal, pero legalmente “sigue siendo funcionario del gobierno”.

Actualmente, el ex titular de ANDIS no tiene actividad laboral efectiva ni puede modificar los resultados de las investigaciones internas, ya que fue apartado del área para permitir que el Ministerio de Salud realizara las auditorías sin interferencias. “Tiene función limitada hasta tanto se resuelva la causa penal. No cobra”, detalló el abogado sobre el estatus actual de su cliente.

Finalmente, el abogado se refirió a la relación personal entre Spagnuolo y el presidente de la Nación. Si bien se confirmó que el exfuncionario visitó la Quinta de Olivos en 38 oportunidades, D’Alessandro reveló que la relación de amistad “se quebró unos meses antes de que dejara el gobierno” por razones que desconoce.

En cuanto al patrimonio de su defendido, el abogado desmintió que existiera un enriquecimiento ilícito. Aseguró que Spagnuolo vivía de su sueldo y que los 82.000 dólares hallados eran ahorros previos de su actividad como abogado. “Tenía su casa tres años antes de llegar a la función. Nunca entró durante sus dos años de función en la caja de seguridad”, concluyó D’Alessandro.