La negativa del Gobierno a permitir que el Sindicato de Camioneros reciba un aumento salarial superior al 1% de la inflación proyectada para el inicio de 2025 generó una situación de tensión extrema con el gremio liderado por Hugo Moyano y dejó abierta la posibilidad de un inminente paro. Esta decisión también profundizó el malestar con la CGT, cuyos sectores dialoguistas ven cada vez más difícil mantener el acercamiento con la administración actual.

Las negociaciones entre empresarios del transporte automotor de cargas y los representantes sindicales continuarán este jueves desde las 10. Sin embargo, desde la Casa Rosada mantienen una postura rígida: “El aumento está un poco alto y después la cifra se pasa a los precios; para nosotros no puede superar la inflación”, aseguró una alta fuente oficial.

Por su parte, desde la Secretaría de Trabajo, dirigida por Julio Cordero, admitieron que tras la audiencia del martes se inició un proceso de evaluación interna: “Lo estamos viendo todos en conjunto porque lo que hay que evitar es el traslado (del aumento) a precios. Si no, nunca se termina la rueda”, explicaron a los medios.

Aun así, desde el Gobierno reconocen que el principal obstáculo no son los gremios, sino los empresarios. Durante la reunión en la Secretaría de Trabajo, las cámaras del sector propusieron un ajuste del 8,5% para el período diciembre-febrero, mientras que Camioneros exige un 15% trimestral, distribuido en un 5% mensual. Esta oferta incluía además un bono de $600 mil y una contribución extraordinaria para la obra social, pero aunque no fue rechazada por el sindicato, quedó bloqueada por el Gobierno, que insiste en respetar el tope del 1% mensual.

El encuentro se suspendió hasta el jueves, con la expectativa de llegar a un acuerdo que evite el conflicto. Al finalizar la audiencia, Jorge Taboada, secretario adjunto de la Federación de Camioneros, afirmó: “El ofrecimiento (de los empresarios) sigue siendo irrisorio” y agregó: “No se llegó a ningún tipo de acuerdo; ahora vamos a tener una reunión en la Federación de Camioneros y se van a tomar las medidas que se tengan que tomar”.

El estancamiento en la negociación de Camioneros generó alarma en la CGT. El Gobierno, al fijar un límite a las paritarias, no solo tensiona su relación con este gremio sino también con otros sectores como Sanidad, liderado por Héctor Daer, y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), encabezada por Abel Furlán. En ambos casos, las discusiones por mejoras salariales están trabadas por la misma razón: el Ejecutivo no quiere que los incrementos superen el 1%.

Mientras el Ministerio de Economía intenta contener la inflación, esta estrategia amenaza con romper los puentes con la CGT. La central obrera ya mostró su descontento al negarse a participar en una mesa tripartita de diálogo con el Gobierno y el G6 (grupo que reúne a los empresarios más influyentes del país). La CGT decidió abandonar estas negociaciones debido a los desacuerdos en las paritarias, poniendo así en crisis el espacio de discusión.

La reunión, que fue suspendida por el Gobierno, buscaba tratar una reforma laboral más amplia que la aprobada en la Ley Bases. Sin embargo, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, fue advertido por Gerardo Martínez, de la UOCRA, que sin avances en las paritarias no habría posibilidad de diálogo. “Todo eso pasará para el año que viene. Ahora no hay clima para sentarse a hablar”, aseguró una fuente de la CGT.

El malestar sindical se agravó tras el anuncio del presidente Javier Milei sobre su intención de llevar adelante “una verdadera reforma laboral”, y el respaldo oficialista al proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo impulsado por el Ministerio de Economía. Esta propuesta, que recupera aspectos del DNU 70, refuerza el distanciamiento entre la Casa Rosada y los gremios.

De esta forma, el vínculo entre el Gobierno y la CGT pasó de un aparente equilibrio, facilitado por la salida de Pablo Moyano, a una fase de incertidumbre y enfrentamiento en múltiples frentes.