Muchas de las cosas que Javier Milei prometió en campaña las intentará llevar a cabo durante su gobierno recién iniciado. Otras quedarán desterradas, como la idea de dolarización y el cierre del Banco Central. Y algunas serán matizadas, como el caso del frene completo a la obra publica. 

Sucede que la misma tiene condicionamientos de arranque: equipos técnicos del futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, reconocieron ante representantes de empresas, consultoras y bancos que no se dará en forma inmediata y que su concreción práctica dependerá de los resultados económicos del mediano plazo.

La receta de traspaso de las obras públicas estatales y de infraestructura íntegramente a manos privadas mediante el sistema PPP, quedó atada a las medidas económicas de “primera generación” planificadas por Milei para reducir el gasto público, equilibrar las cuentas fiscales, dominar la inflación y mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas locales.

Según los datos oficiales de la administración saliente, hay un total de 2.831 obras públicas de diversas características que están en ejecución y adjudicadas. Tanto Ferraro como el ministro del Interior, Guillermo Francos, destacaron que los contratos firmados y en ejecución “se van a respetar” y adelantaron que iban a ser sometidos a un proceso de renegociación, para reprogramar los plazos de las obras acorde a los recursos disponibles.

De esa manera, los nuevos ministros buscaron calmara los ánimos ante los presagios negativos por la baja de todos los contratos en curso. A los 2.831 juicios que interpondrían contra el Estado las constructoras afectadas, se sumarían los despidos de alrededor de 220.000 trabajadores que dependen de las obras publicas y el pago de penalidades económicas millonarias por la no utilización de los créditos concedidos por organismos internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina-CAF) para proyectos de infraestructura y servicios que están en marcha.

La idea que tiene Milei para cambiar el paradigma actual del negocio de las obras públicas consiste en la aplicación generalizada del esquema PPP para llevar adelante los nuevos proyectos y programas de obras en las áreas de energía, transporte, agua y saneamiento, salud, vivienda y seguridad. Nacidos en los 80 en Inglaterra, los PPP tuvieron su época de auge en España y países de Latinoamérica; pero nunca llegaron a hacerse masivos.

Técnicamente requiere de convenios entre contratistas privados, que adelantan los fondos y construyen las obras, y el Estado que asegura el repago de la inversión a largo plazo y autoriza el cobro de aranceles, peajes o tarifas por su uso.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los convenios PPP “son una modalidad de contratación en la cual los riesgos y responsabilidades se distribuyen ente el sector público y el privado. En un contexto de restricción presupuestaria como el actual, permiten diferir en el tiempo la carga sobre las cuentas públicas dado que, en el corto plazo, el financiamiento es aportado por el sector privado”. De esta manera, el Estado está tomando deuda pública a largo plazo sin que sea contabilizada en los balances.

Con información de Letra P